Desvelan múltiples irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Arrecife

La Audiencia de Cuentas de Canarias, en su «Informe de fiscalización parcial del Ayuntamiento de Arrecife. Cuenta general del ejercicio 2009», pone de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión del Consistorio de la capital de Lanzarote que incluye capítulos de descontrol en los gastos e ingresos, de dejación de responsabilidades, de operaciones de riesgo para las arcas públicas municipales...

En las conclusiones del informe, que el pleno de la Audiencia de Cuentas aprobó el 19 de diciembre y al que ha tenido acceso ABC, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma censura duramente la gestión de la corporación local en el que fuera último año del socialista Enrique Pérez Parrilla en la alcaldía (el 21 de diciembre lo sustituiría, por medio de una polémica moción de censura, el recientemente fallecido Cándido Reguera).

Hay que puntualizar, sin embargo, que la investigación de la institución dependiente del Parlamento regional abarca también hechos anteriores y posteriores al ejercicio en cuestión. Es el caso, por ejemplo, del contrato de «permuta financiera» o «swap» que el Ayuntamiento suscribió en tiempos de María Isabel Déniz en el sillón de la alcaldía, operación que ha dejado pérdidas millonarias al Consistorio.

La Audiencia avisa ya de entrada que la supervisión y el control de los gastos e ingresos fue «claramente insuficiente». «La corporación ha contado, durante el ejercicio 2009, con un deficiente sistema de control interno, con importantes debilidades, algunas de las cuales son contrarias a las disposiciones legales vigentes», ahonda el ente autonómico. Tras desvelar también irregularidades contables y la falta de determinación de las competencias y responsabilidades de cada puesto de trabajo, el órgano fiscalizador afirma que la intervención municipal «no ha ejercido las funciones que la normativa le atribuye, lo que ha determinado que la gestión municipal haya carecido, de hecho, de intervención previa y de control financiero». En definitiva, la contabilidad no ofrecía información fiable de la situación económica, financiera, patrimonial y presupuestaria de la corporación.

El informe continúa y expone que el Ayuntamiento de Arrecife no tenía un «sistema adecuado de registro» que permitiese una gestión «eficiente y automatizada» de los ingresos tributarios (IBI, tasas, etcétera) y de su control, de modo que hubo «deficiencias en la gestión recaudatoria». Tan es así, que algo más de tres millones de euros en derechos de cobro ya podrían haber prescrito, es decir, que el Consistorio ya no podría reclamar el pago. Con todo, es el «swap» o la operación de «permuta financiera» la que con más crudeza reprueba la Audiencia de Cuentas.

No en vano, «el menoscabo de recursos públicos derivado de la operación pone de manifiesto la falta de la diligencia debida», subraya el ente que preside Rafael Díaz Martínez, que agrega que se trata de una operación «atípica» en el sector público, «difícilmente identificada con la consecución de un interés público y con importantes riesgos financieros». Ya en este punto, la Audiencia advierte que ello puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de índole contable, y esto «sin perjuicio de la posible concurrencia de otro tipo de responsabilidades».

La primera operación especulativa en el marco del contrato de «permuta financiera» que se suscribió en tiempos de María Isabel Déniz en la alcaldía capitalina data del 15 de abril de 2004, si bien las operaciones se sucederían en adelante. «La operación fue realizada sin la debida transparencia», ahonda el ente autonómico: «Para la contratación de la operación de permuta financiera, la corporación prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido». Y concluye: «No se han respetado los principios de legalidad, transparencia y buena gestión exigibles en la utilización de los recursos públicos».

El montante de la operación ascendió a 30 millones de euros, calcula el órgano fiscalizador, y dejó unas pérdidas a las arcas públicas de la capital de Lanzarote de, aproximadamente, 3,4 millones de euros. «No resulta correcto para el interés general y para una adecuada y prudente gestión pública que se realice una operación de alto riesgo que ha generado finalmente un quebranto económico relevante», sentencia el informe.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Arrecife no fue el único que suscribió «swaps»; también lo hizo, por ejemplo, la empresa pública Visocan.