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16.676 canarios a la espera

Digo yo que dispuestos a solucionar el problema, ¿por qué hacerlo sólo al treinta por ciento? Tal vez la solución no es tan sencilla como la consejera nos quiere hacer ver

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Inés Rojas consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias debió extraviar, se le olvidó, o dicho finamente, ha obviado la Orden de 18 de octubre de 2012, publicada en el Boletín Oficial de Canarias una semana después por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Digo esto porque la señora consejera, en sede parlamentaria y para responder a una pregunta formulada por la diputada del Partido Popular Milagros Bethencourt al respecto de las eternas esperas que sufren estos más de dieciséis mil canarios que están pendientes del dictamen de reconocimiento de grado de discapacidad necesario para poder acceder a una pensión no contributiva (PNC), se sacudió la respuesta diciendo que "ya ha dictado una instrucción a la Dirección General de Servicios Sociales para que, de forma automática, quien solicite una PNC por discapacidad inmediatamente vaya a la evaluación médica y ese certificado no solo le sirva para tramitar esa pensión sino también la dependencia.

"Ya se está resolviendo y vamos a reducir en 30% la espera".

Pero claro, ahora la instrucción que a salto de mata ha fabricado doña Inés se tropezará con la cruda realidad de los hechos porque si con una simple resolución se acabara el problema ¿por qué ha esperado hasta esta interpelación para emitirla? El historial de semejante barbaridad disimulada con silencios, complicidades y petróleo comenzó hace más de diez años y se origina en la insuficiente cantidad de personal de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) en relación al elevado número de solicitudes que reciben cada año, puesto que Canarias es la comunidad autónoma que más solicitudes y beneficiarios de pensiones no contributivas tiene de toda España (que ese es otro tema).

Encargados de determinar el grado de discapacidad de las personas que soliciten este estudio absolutamente necesario para poder acceder a este tipo de pensiones, que como todos ustedes saben muy bien incluye tanto motivos de invalidez como de jubilación, los EVO sencillamente no dan abasto.

Por otra parte, me asalta una tremenda duda sobre el porcentaje de efectividad de las instrucciones dictadas por la señora Rojas ya que, según sus propias declaraciones van a reducir en un 30% la espera. Digo yo que dispuestos a solucionar el problema, ¿por qué hacerlo sólo al treinta por ciento? Tal vez la solución no es tan sencilla como la consejera nos quiere hacer ver o a su eficacia gestora le falta un 70%.

Si tenemos en cuenta que desde que cualquier solicitante pasa el reconocimiento y el tribunal determina si se tiene un grado de minusvalía superior al 65%, pasan una media de 22 meses de espera en los que no se puede solicitar la pensión no contributiva por invalidez. Si a todo este tiempo además le sumamos otros 9 meses de irremediable tramitación hasta que el beneficiario empiece a percibir el dinero de la pensión, las necesidades de estos 16.676 canarios se habrán convertido en tan acuciantes que no son de extrañar las cifras que sobre los índices de pobreza de nuestra comunidad autónoma arrojan las estadísticas.

Me parece a mí, ustedes me corregirán si me equivoco, que si doña Inés además de reducir la espera en un 30% (sólo ella sabrá por qué únicamente un treinta), paralelamente y de forma coordinada con los correspondientes departamentos de las demás consejerías se pusiera en serio a abordar el asunto dotando a los EVO del personal que necesitan y de manera simultánea, asumiera el compromiso inmediato de reducir los trámites burocráticos y de procedimiento, mejoraría significativamente este vergonzoso colapso y facilitaría a este colectivo de pensionistas el acceso a la solicitud de sus PNC de manera más eficaz por parte de la administración autonómica que, en definitiva, lo único que tiene que hacer tramitar las demandas para que las abone el Estado. Señora Rojas... estamos hablando de personas dependientes, ya no solo por sus circunstancias personales, sino que además, y desafortunadamente, dependen de su capacidad de gestionar. ¡No complique más las cosas!

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