Avalancha de casos judiciales por mujeres descuartizadas en Zaragoza

Los doce meses transcurridos de abril de 2012 a abril de 2013 fue una etapa especialmente intensa en la crónica negra zaragozana por la concurrencia de casos de mujeres asesinadas y descuartizadas. Fueron tres en apenas doce meses y ahora toca sentenciar por esos crímenes a sus acusados.

La Audiencia Provincial de Zaragoza vive estas semanas una inusual actividad por casos de descuartizamientos. Tres vistas por este tipo de crímenes macabros en menos de dos meses. No había conexión alguna entre ellos.

El primer juicio se celebró la semana pasada. El 28 de septiembre, Vicente Sada Gómez, de 59 años, fue condenado a 22 años de cárcel por haber asesinado a su pareja Mercedes Pérez, de 41, a la que mató en abril de 2013 a golpes de martillo y posteriormente la descuartizó y guardó sus restos en un arcón frigorífico donde fue localizada semanas después por la policía.

En los doce meses previos a aquel crimen hubo otros dos casos de casi idéntica tipología. Son los que se van a juzgar en las próximas semanas: el crimen de la localidad zaragozana de Ricla, ocurrido el 2 de abril de 2012, por el que está acusado el marido de Pilar Cebrián; y el ocurrido en Cadrete (Zaragoza) en junio del mismo año, el asesinato de la joven Vanessa Barrado. La vista penal por el crimen de Ricla comenzará el 16 de noviembre; el de Cadrete, el 29 de octubre.

Degollada y troceada con 26 años

Vanessa Barrado tenía 26 años cuando, según el relato de la Fiscalía soportado en la investigación policial, fue degollada por su pareja en el domicilio en el que convivían con una hija menor de edad. El fiscal considera al compañero sentimental autor material del asesinato. Pide para él 22 años y tres meses de prisión, no solo por el delito de asesinato sino también por los de estafa y fraude, ya que tras matar a la joven suplantó su identidad durante meses para seguir cobrando la pensión de la que ella era titular.

Por este crimen también se van a sentar en el banquillo tres hermanos del principal imputado –dos hombres y una mujer–. El fiscal los considera encubridores y colaboradores en el posterior fraude. Las acusaciones particulares creen, además, que los dos hermanos varones deben ser condenados también por implicación en el asesinato, al entender que colaboraron en el descuartizamiento de la joven.

La muchacha apareció, troceada, en octubre de 2012. Sus restos afloraron esparcidos por campos del término municipal de Cadrete. La cabeza, metida en una bolsa de basura. Cerca de ese punto, otros restos corporales en avanzado estado de descomposición o reducidos ya a huesos fragmentados. Tardaron meses en ir completando la recuperación de los restos de la muchacha. El 8 de febrero de 2013 dieron con más partes de su osamenta, esparcidas en otros puntos a campo abierto.

El crimen sin restos del cuerpo

En el caso del crimen de Ricla el juicio se enfrenta a un reto esencial: dar por probado el asesinato y descuartizamiento de la mujer sin que los investigadores hayan logrado dar con sus restos. La clave está en al confesión espontánea de su marido, Antonio Losilla. Cuando las fuerzas de seguridad estrecharon el cerco contra él y acudieron a detenerle y a registrar la casa familiar de Ricla, él confesó el crimen con cierto detalle. El asesinato habría ocurrido el 2 de abril de 2012, y el descuartizamiento en los días posteriores. Según los investigadores, el acusado tenía experiencia de carnicero y la puso en práctica con su esposa muerta. Lo hizo –aseguran– con tal aplomo que esperó varios días a trocearla, a fin de que la coagulación posmortem redujera el sangrado durante el descuartizamiento.

Los investigadores empezaron a buscar los restos de Pilar Cebrián. Pero, pese a los insistentes rastreos por numerosos puntos de Ricla y su entorno, no se ha hallado ni rastro. Losilla, que tras confesar el crimen se ha desdicho y ha sostenido que no mató a su mujer, incluso fue sometido al «test de la verdad». Pero la prueba no arrojó ningún dato que aclarara el destino del cuerpo troceado de Pilar Cebrián, y él, persistente en su posterior declaración de inocencia, no ha aportado detalle alguno.

Pese a ello, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares no tienen duda alguna de que cometió el crimen. El fiscal pide para él 17 años de cárcel; las acusaciones particulares, 20 años de prisión. Su abogado defensor, alegando que no hay cuerpo ni pruebas concluyentes del asesinato más allá de la declaración autoinculpatoria de la que se ha desdicho su cliente, reclama para él su libre absolución.