El PSA pedirá responsabilidades políticas en el caso del PTA

«La justicia nos ha dado la razón y ha visto indicios de delito». Ésa es la principal conclusión expresada ayer por el candidato a la Alcaldía de la coalición andalucista PSA+PA, Santiago Casal, tras conocerse la información publicada por este medio de que su denuncia sobre las posibles irregularidades en la concesión de ayudas a empresas para instalarse en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA) ya ha hecho que acudan a los juzgados varios empleados municipales para rendir cuentas de sus actuaciones en torno a este asunto.

Casal insistió ayer en que cuando su partido puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos es porque estaban convencidos de que se habían producido actuaciones que no atendían a ninguna regulación y se hacían al margen de la Ley de Subvenciones, sin ir más lejos. Por eso, el hecho de que la Fiscalía haya derivado este asuntos a los juzgados y se hayan iniciado diligencias es un espaldarazo a sus tesis y un paso más en su objetivo de desentrañar qué ocurrió durante este proceso de adjudicación de subvenciones para las empresas que quisieran instalarse en el PTA.

Pese a todo, por el momento desde el PSA no quieren entrar a valorar este asunto hasta que la justicia se pronuncie, pero lo que sí adelantaron ayer es que «después de las responsabilidades judiciales al gobierno local y la alcaldesa se le van a pedir responsabilidades políticas».

Hay que recordar que las dos personas que acudieron a declarar la semana pasada lo hicieron para explicar por qué se hicieron dos informes de baremación para que una empresa «de un destacado miembro del PSOE» se beneficiara de las ayudas para la compra de suelo.

Dos baremaciones distintas

Según ha podido saber este medio, uno de los técnicos declaró que llegó a firmar sólo el primer informe, mientras que se negó a dar el visto bueno al segundo. En la primera baremación (16 de abril de 2007) a Tecnología Innovación Sanitaria se le otorgaron 9 puntos, lo que significaba que podía optar a una ayuda del 20%. Pero esta valoración fue desestimada, «según parece deducirse por Pilar Sánchez» -reza el escrito remitido en su día por el PSA a la Fiscalía- para que pudiera llevarse a cabo una nueva. En la segunda, que es la que rehusó firmar el citado técnico, la firma alcanzó 14 puntos, lo que supone un 40% de descuento sobre el precio fijado para la compra de suelo.

Ahí entra a colación la declaración de la segunda persona llamada por el juez, un empleado municipal con categoría de auxiliar administrativo que fue el que finalmente rubricó el informe y que declaró la semana pasada que si dio el visto bueno a la segunda baremación fue porque recibió órdenes de arriba, de sus superiores.

Todo esto propició la denuncia del PSA, cuyo candidato denunciaba ayer que «el PSOE está permitiendo que pasen estas cosas, porque creen que viven en la impunidad y que no tienen que rendir cuentas de sus acciones». Sin embargo, Casal recalcó que «si ha habido un trato de favor para beneficiar a alguien se deben rendir cuentas y se pedirán responsabilidades que primero serán legales, y luego políticas».

Y es que para los andalucistas no parece razonable que la empresa de suelo municipal concediera ayudas sólo a dos empresas (en enero de 2008 a la citada Tecnología Innovación Sanitaria y en agosto de 2007 a Bornay Dessert por importe de 854.352 euros) cuando muchas otras podían haberlas recibido y se podrían haber beneficiado de esta subvención «según la cual el precio de compra de los terrenos adquiridos en el PTA se vio reducido en un 40%, sin necesidad de más trámite».

Eso sin olvidar que en el segundo informe que se 'fabricó' se concedía a Tecnología Innovación Sanitaria una baremación incluso superior a la máxima permitida. Y a pesar de que, como denunció en su momento el PSA, esta compañía «no tiene relación demostrada con la actividad agroindustrial», ya que se dedica a la comercialización y venta de todo tipo de suministros hospitalario y material clínico.