Los falsos curas de la residencia El Santísimo, condenados por apropiación

En septiembre de 2009, Medina Sidonia fue tomada por los periodistas. La historia de falsos curas y ancianos estafados en un geriátrico que recibía ayudas públicas ocuparon los titulares durante semanas. Los responsables de la residencia El Santísimo eran detenidos por la Guardia Civil.

Acusados de haber engañado a los ancianos, los persuadían para quedarse con sus ahorros. Los agentes llegaron a cifrar los afectados en unos 40 internos. Afirmaban, además, que el 'modus operandi' podría haber estado funcionando durante dos décadas.

Cinco años después, la Audiencia provincial ha condenado al exdirector del geriátrico y al presidente de la asociación que lo gestionaba, el hermano Guillermo y el padre Pepe, por haber esquilmado el patrimonio de un anciano entre 2000 y 2001.

Esta denuncia que se ha resuelto tras más de una década de litigio, fue antes de que estallara el escándalo en torno a la congregación de los Obreros de la Cruz. Una asociación presidida por José Herrera, el Padre Pepe, que no estaba reconocida por la Iglesia. Nadie había ordenado a esos sacerdotes. Pero se presentaban como tales vistiendo el hábito de la humildad.

La víctima se llamaba Juan Gil. Sus sobrinos lo sacaron del centro a finales de 2001 y se hicieron cargo de él hasta su muerte en 2005. Pese al fallecimiento, la familia del anciano siguió adelante con la denuncia y hoy la Justicia les da en parte la razón.

Sólo en parte porque su abogado y la Fiscalía solicitaban para los tres acusados Francisco Castro (hermano Paco), Guillermo Amado (hermano Guillermo) y José Herrera (padre Pepe) penas entre dos años y diez meses hasta cinco años de prisión por delitos de estafa continuada y apropiación indebida.

Un año y nueve meses

Sin embargo, el tribunal ha reconocido sólo uno de los cargos, ha aplicado una atenuante de dilaciones indebidas y ha absuelto a Francisco Castro, quien ejerciera de subdirector de El Santísimo. A los otros dos acusados, la Sección Cuarta les ha fijado una pena de un año y nueve meses de prisión por apropiación.

La víctima era un exmilitar viudo que no tenía hijos. Ingresó con 92 años en la residencia, en octubre de 2000 procedente del hospital militar de San Carlos (San Fernando). Sin ni si quiera llevar un mes ingresado en el geriátrico, firmó un cheque de cuatro millones de pesetas (24.000 euros) a favor de la asociación Obreros de la Cruz.

Un día después de esa operación bancaria, el anciano otorgaba ante notario poderes al director del Santísimo para gestionar su patrimonio. A partir de entonces, la asociación recibió cerca de 280.000 euros (más de 46 millones de las antiguas pesetas) procedente de supuestas donaciones de Juan Gil.

El tribunal considera probado que el hermano Guillermo y el padre Pepe simularon la celebración de juntas generales extraordinarias de los Obreros de la Cruz en las que se aprobaba cada una de las donaciones que supuestamente hacía el anciano.

Sin embargo, los miembros de esa junta declararon no haber autorizado esas operaciones, que nunca se habían reunido ni habían sido tan siquiera convocados. Cuatros de los supuestos vocales admitieron que formaron parte de ese órgano pero que sólo lo hicieron para ayudar en la constitución de la asociación.

El padre Pepe tenía el control

En la sentencia queda plasmado cómo el control sobre el Santísimo estaba en manos del padre Pepe. Los otros dos procesados, pese a que tenían cargos de responsabilidad tanto en la asociación como en el geriátrico, "nunca los ejercieron. Esos nombramiento eran meramente formales", dicen los magistrados.

El padre Pepe y su colaborador, el hermano Guillermo, no han sido condenados por estafa porque la víctima accedió con su firma a ceder la administración de su patrimonio a la falsa congregación. Un gesto que a su familia le resulta difícil de creer ya que describían al anciano como una persona tacaña.

Varios médicos que habían tratado al anciano antes de su ingreso en El Santísimo declararon que habían detectado un deterioro cognitivo leve debido a su avanzada edad, pero que no podían certificar una incapacidad para tomar decisiones relativas a su patrimonio.

Por eso, el tribunal condena al padre Pepe por apropiación a la pena de cárcel y la devolución del dinero. El anciano firmó el poder notarial siendo consciente. Pero ese documento sólo autorizaba a la administración de los bienes, no a realizar sucesivas donaciones a la asociación que vaciaron sus cuentas.