Xinjiang: campos de reeducación y represión como telón de fondo para Bachelet
Para prevenir el terrorismo islamista y el independentismo uigur, el régimen chino ha montado un «Estado policial» en esta convulsa región visitada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
Marcado por la polémica por no tener libertad de movimientos ni cobertura mediática, el viaje a China de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet , pone en el objetivo la represión sobre los musulmanes de etnia uigur en la región de Xinjiang. Aunque ha sido ampliamente documentada por numerosas directrices y órdenes secretas filtradas a la Prensa internacional, la última de ellas con miles de fichas policiales de detenidos en campos de reeducación, el presidente chino, Xi Jinping, ya ha avisado a Bachelet de que no aceptará «lecciones» de nadie. «Cuando se trata de derechos humanos, no hay utopías perfectas y los países no necesitan lecciones condescendientes; mucho menos que los derechos humanos se politicen y sean usados como una herramienta para aplicarla con doble moral o para interferir en los asuntos internos de otras naciones», le advirtió Xi el miércoles en una videoconferencia, según informa la agencia estatal de noticias Xinhua.
A 4.000 kilómetros al oeste de Pekín, en la frontera con Asia Central, Xinjiang sufre la mayor represión vista en China desde los oscuros días de la «Revolución Cultural» (1966-76). Si entonces el objetivo era el culto al «padre de la patria», Mao Zedong , ahora lo es la erradicación del islamismo más extremista. Con la excusa de combatir el terrorismo yihadista y el independentismo, el régimen del Partido Comunista lleva a cabo una masiva campaña de adoctrinamiento y vigilancia que parece una pesadilla orwelliana. Como si fuera una versión de '1984' para 'Black Mirror', las autoridades han construido campos de reeducación en medio del desierto e impuesto controles policiales con pruebas biométricas, cámaras de vigilancia capaces de reconocer las caras, «aplicaciones espía» en los móviles y hasta comisarios políticos viviendo en las casas de los uigures como si fueran uno más de la familia.
El motivo es que esta vasta región enclavada en el extremo noroccidental de China, que ocupa tres veces la superficie de España y cuenta con abundantes yacimientos de petróleo y gas natural, es una de las más levantiscas junto al Tíbet. Xinjiang, que significa «Nueva Frontera» y ha permanecido bajo el control de China desde la dinastía Qing en el siglo XVIII, es de gran importancia geoestratégica no solo por sus recursos, sino también por lindar con Rusia, Mongolia, Pakistán, Afganistán, la India y varias repúblicas ex soviéticas de Asia Central.
Aspiraciones independentistas
Pero es también una de las zonas más calientes de China. Con 26 millones de habitantes, la mitad pertenece a su etnia autóctona, los uigures que profesan el islam, no tienen rasgos orientales y hablan una lengua relacionada con el turco. Desde hace más de un siglo, buena parte de los uigures aspiran a la independencia para formar el Turkestán Oriental. Unas ansias secesionistas que han sido cortadas «manu militari» por el régimen chino.
Tras dos intentos fallidos de independencia en los años 30 y 40, las tropas comunistas de Mao Zedong tomaron Xinjiang en 1949. Desde la constitución de la Región Autónoma Uigur en 1955 y la construcción del ferrocarril, los chinos de la etnia 'han' (pronúnciese 'jan') han colonizado Xinjiang para explotar sus yacimientos de petróleo y minerales, sobre todo durante los años de la «Revolución Cultural» (1966-76).
Con el fin de combatir este separatismo, que se ha cobrado cientos de vidas en atentados terroristas y revueltas durante los últimos años, Pekín ha implantado campos de reeducación por donde la propia ONU calcula que han pasado un millón de uigures , practicado esterilizaciones forzosas y limitado sus costumbres religiosas y sociales. Dicha persecución también la sufren otras minorías fronterizas, como los kazajos, pero no los 12 millones de 'han', la etnia mayoritaria en China, que suman el resto de la población.
Tras la matanza interétnica que dejó casi 200 muertos en Urumqi en julio de 2009 y los posteriores atentados y ataques con cuchillos y machetes en otros lugares de Xinjiang y del resto de China, la represión aumentó con la llegada al poder en 2012 del presidente Xi Jinping, el líder más autoritario desde Mao. Tras una visita a Xinjiang en abril de 2014, después de que terroristas uigures apuñalaran a 150 personas en una estación de tren dejando 31 muerto s, Xi lanzó una «guerra total contra el separatismo» usando los «órganos de la dictadura» y sin mostrar «absolutamente ninguna piedad», desveló en noviembre de 2019 el diario 'The New York Times'.
Reeducar a los iugures
A través de las 403 páginas de 24 documentos filtrados por una fuente interna que ocultaba su identidad por seguridad, se descubrió así la orden fundacional del presidente Xi Jinping. Además de aumentar la vigilancia al más puro estilo 'Gran Hermano', había que r eeducar a los uigures que mostraran su religiosidad . Bajo su llamamiento a «una guerra popular y sin compasión contra el terrorismo», el régimen lanzó en 2014 una campaña que se endureció cuando Chen Quanguo, fue trasladado desde el Tíbet en 2016 como secretario provincial del Partido Comunista. En diciembre de 2021, y tras cumplir su «Plan Quinquenal» de represión, Chen fue reemplazado por Ma Xingrui para fomentar el crecimiento económico una vez que Xinjiang ha sido «pacificado».
Para ello, se ha construido una red de campos de reeducación por los que se calcula que han pasado un millón de uigures, la inmensa mayoría sin haber sido condenados por ningún delito. Por el mero hecho de acudir con frecuencia a la mezquita, leer el Corán o rezar en público, dejarse barba o tener familiares en 26 «países musulmanes peligrosos», los uigures son encerrados durante meses y sometidos a un alienante lavado de cerebro . En clases colectivas, como las que ha descrito en ABC la profesora Qelbinur Sidiq , deben cantar alabanzas al Partido Comunista, aprender mandarín y renegar no solo de la violencia yihadista, sino también de algunas normas y costumbres del islam. Desde la Fundación en Recuerdo de las Víctimas del Comunismo, el investigador Adrian Zenz ha denunciado con profusión de documentos la represión en estos campos de reeducación.
Aunque Pekín negó su existencia al principio, acabó reconociéndola ante la aparición de numerosas fotos e imágenes por satélite de campos de internamiento con altos muros, alambradas y torres de vigilancia. Pero el régimen chino sigue insistiendo en que son escuelas de formación profesional para prevenir el terrorismo islamista. A tenor de un «Libro Blanco» publicado por las autoridades en 2020, 1,3 millones de personas recibieron esta «formación profesional» en Xinjiang entre 2014 y 2019 . Con los testimonios de internos ya liberados y de familiares de presos, las organizaciones de Derechos Humanos denuncian que la mayoría son encerrados sin haber cometido ningún delito, salvo el de ser musulmanes y, por tanto, sospechosos de radicalizarse.
De gira por Europa en 2020, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi , aseguró en una conferencia en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales que ya no quedaba nadie en dichos campos de reeducación. Pero un estudio del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, en sus siglas en inglés) detectaba con imágenes por satélite las coordenadas de hasta 380 centros de detención construidos desde 2017. Con alambradas, altos muros y torres de vigilancia, muchos de ellos están conectados a fábricas, lo que ha espoleado las denuncias contra el uso de mano obra forzada, sobre todo en el sector textil.
Control asfixiante
El año pasado, las acusaciones internacionales contra la potente industria del algodón de Xinjiang agravaron las cada vez peores relaciones de China con Estados Unidos y la Unión Europea. Con sanciones cruzadas y un boicot de los consumidores chinos contra las marcas que se desvincularon del algodón de Xinjiang, la tensión frustró el acuerdo de inversiones alcanzado a finales de 2020 entre Pekín y Bruselas.
Pero la represión no se ciñe solo a los campos de reeducación, sino que va más allá buscando la disolución de la cultura uigur y hasta la erradicación de la religión musulmana. También con imágenes satelitales, ASPI denuncia que 8.500 mezquitas han sido destruidas completamente y otras 7.500 dañadas . Además de la pérdida de mezquitas, que suponen la mitad de las que había en 1955, este instituto dependiente del Gobierno australiano estima que casi un millar de monumentos islámicos de Xinjiang han sido desmantelados o reducidos a ruinas. En 2019, otra investigación periodística de la agencia France Presse descubrió que decenas de cementerios habían sido arrasados, dejando al descubierto restos humanos fuera de las tumbas.
Incluso fuera de los campos, el control es tan asfixiante que viola la más estricta intimidad de los uigures. Además de ser estrechamente vigilados y de no poder conseguir un pasaporte, la Policía ha colocado en sus casas códigos QR con todos los datos de la familia que mora en ella. Para asegurarse de que son «buenos ciudadanos», comisarios del Partido Comunista incluso pasan algunos días en sus domicilios y los animan a denunciar a sus vecinos.
Cuando los diplomáticos extranjeros o periodistas viajan a Xinjiang, como este corresponsal el año pasado, son seguidos las 24 horas por agentes de paisano para que no hablen con la gente en la calle ni busquen los campos de reeducación. Con el despotismo de siempre y la tecnología del siglo XXI, el «Gran Hermano» chino te vigila en Xinjiang.
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