Rousseff y Cunha, dos enemigos políticos en la cuerda floja en Brasil

No hay espacio en Brasil para dos enemigos políticos que han pasado el año haciendo equilibrios en la cuerda floja: o cae Dilma Rousseff o cae Eduardo Cunha. Este último, como presidente del Congreso, abrió el juicio político contra la presidenta este jueves, cuando se vio acorralado por presiones que pueden destronarlo e incluso llevarlo a prisión. Se sabe que su decisión fue resultado de un chantaje que le hizo al Gobierno y que no funcionó.

Cunha, oscuro personaje de la política brasileña, está metido hasta el cuello en las investigaciones del multimillonario escándalo de Petrobras, citado en sospechas de desvío de fondos, lavado de dinero, sobornos y obstrucción a las investigaciones. De momento se ha librado de prisión por su inmunidad parlamentaria y la alianza entre su formación, Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Pero este lazo se rompió el miércoles, cuando el PT decidió votar contra Cunha en la Comisión de Ética del Congreso, a pesar de la amenaza del congresista de que esa sería la señal para abrir el proceso de moción de censura o «impeachment».

Rousseff, que no se dirigía a los brasileños desde el «cacerolazo» del pasado agosto, leyó en cadena obligatoria de radio y televisión una declaración escrita a mano, dirigida especialmente a su oponente. «No tengo cuenta en el exterior ni oculté del conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca coaccioné o traté de coaccionar a instituciones o personas para satisfacer mis intereses», dijo Rousseff.

A pesar de la sorpresa del discurso y del primer paso para el juicio político, hubo menos golpes de ollas, pero se registraron protestas contra y a favor de la salida de Rousseff por todo el país. La popularidad de la presidenta es bajísima, a pesar de una pequeña recuperación, del 8% al 10% esta semana. La economía pasa por la peor recesión en 30 años y la política ha contribuido a mantener el país estancado, especialmente por la disputa entre el Gobierno y Cunha, líder del mismo partido del vicepresidente, Michel Temer, primer candidato a asumir la presidencia en caso de que Rousseff caiga.

El Congreso brasileño recibió este año al menos 34 peticiones de juicio político contra Rousseff. La solicitud que Cunha aceptó el miércoles estaba firmada por tres abogados; uno de ellos, Helio Bicudo, fundador y exmilitante del PT. La ley no restringe el número de peticiones de destitución.

Próximos pasos

Cunha firmó el acta que autoriza a un grupo de 66 diputados y el mismo número de suplentes a instalar una comisión especial en 24 horas. La comisión debe emitir su parecer en 10 sesiones y la decisión debe ser aprobada por al menos 342 votos. Si se aprueba, pasará al Senado, donde será juzgada en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

Según los cálculos oficialistas, el Gobierno tiene votos suficientes para impedir la destitución de Rousseff. Sin embargo, la difícil situación política y económica de Brasil pueden cambiar los ánimos en cualquier momento, dependiendo, por ejemplo, de los informativos y de la presión popular. Es difícil especular cuánto tiempo puede llevar el proceso de destitución, pero es probable que, por el receso de fin del año, se prolongue hasta 2016.

El PMDB, principal partido en el Legislativo, debe apoyar a Cunha ante la posibilidad de ver a Temer en la presidencia. El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tercera fuerza en el Congreso, también puede votar por la destitución. Su candidato, Aecio Neves, perdió las presidenciales del año pasado por un ajustado margen. Su militancia no se conformó y agitó las protestas desde el pasado enero, cuando Rousseff asumió su segundo mandato.

Otro de los caminos para evitar el juicio es la Corte Suprema. «Lo que vimos hoy (el miércoles) fue el anuncio del resultado del abuso de poder del presidente de la Cámara», afirmó Wadih Damous, uno de los «petistas» que responderá ante la Corte a la decisión de Cunha. El Supremo puede convertirse en «tensor» de la cuerda floja, que puede estabilizar a Rousseff en el cargo o hacer caer a Cunha.

Acusaciones contra Rousseff

El principal argumento contra la presidenta son seis decretos de crédito para el presupuesto, equivalentes a mil millones de euros que la presidenta aprobó este año sin el apoyo del Congreso, lo que infringe la ley. La participación de Rousseff en esos decretos supone un «crimen de responsabilidad», según Cunha.

La petición de «impeachment» firmada por los abogados Hélio Bicudo, Janaína Paschoal y Miguel Reale Junior también solicita que se enjuicie a Rousseff por supuestamente maquillar las cuentas públicas de 2014, que le ayudó a disfrazar la economía durante el año electoral. Pero Cunha declaró que Rousseff no puede ser juzgada por algo que ocurrió en el mandato anterior.

A pesar de que Rousseff fue ministra de Energía y presidenta del consejo de Petrobras en el período en que la empresa está siendo investigada, no se han encontrado pruebas concretas en su contra que la vinculen a ese escándalo. Otras investigaciones apuntan a fondos que habrían sido desviados para su campaña electoral, pero tampoco han sido probados e involucrarían también a otros partidos. En comparación con el tamaño de los escándalos que se están revelando en Brasil, Rousseff parece la menos implicada, pero incluso así, los ritos del Legislativo, que Cunha conoce bien, pueden hacerla caer.

Acusaciones contra Cunha

Contra el presidente del Congreso pesan cuatro acusaciones: sobornos y desvío de fondos en Petrobras; omisión de cuentas bancarias en Suiza; obstrucción a las investigaciones y recibir cerca de 11 millones de euros del Banco BTG Pactual para aprobar enmiendas que le interesaban.

Exaliado de Rousseff, Cunha rompió con la presidenta en agosto, cuando la policía reveló que estaba envuelto en un soborno de 5 millones de Petrobras para importar un buque sonda coreano. Parte del dinero sería de un soborno en un contrato de 34,5 millones de dólares entre Petrobras y la Companie Beninoise des Hidrocarburos Sarl, de Benín, en África. La denuncia lo vincularía al gigantesco escándalo que está siendo investigado desde hace más de un año y que afecta a políticos de todos los partidos e importantes empresarios.

El pasado octubre se divulgaron la existencia de sus cuentas en Suiza por valor de unos 4,8 millones de dólares y los gastos excéntricos de su esposa e hija, que pasaban del millón de dólares.

La semana pasada, el encarcelamiento de Delcidio Amaral, líder del PT en el Senado, y del poderoso banquero del BTG Pactual, André Esteves, volvió a desvelar pruebas contra Cunha, que lo llevaron al Consejo de Ética del Congreso. Fue la chispa para el chantaje que le hizo al Partido de los Trabajadores de abrir un juicio político a Dilma Rousseff.