La «mili» eterna de Eritrea

Cuando el marido de Danait comenzó la «mili», Felipe González aún era presidente en España. Más de dos décadas después, su cónyuge continúa vistiendo de soldado.

«Mi marido está en el servicio militar obligatorio desde 1994 (...) Su salario sigue siendo de 450 nakfa (unos 45 dólares al mes)», asegura esta eritrea.

Basado en entrevistas con 72 eritreos que han huido del país desde mediados de 2014, el último informe de Amnistía Internacional arroja de nuevo luz sobre las duras condiciones del servicio militar obligatorio en el país africano, así como de los brutales métodos utilizados contra todo aquel que trata de evadirlo.

En virtud del artículo 8 del acta de proclamación de 1995, todos los ciudadanos eritreos de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años tienen la obligación de realizar esta prestación, que consiste en seis meses de entrenamiento en un centro de capacitación y 12 meses «plenamente activos».

Pese a ello, los 18 meses resultantes es habitual que se amplíen de forma indefinida, incluso, por más de dos décadas.

Ya en 2013, la relatora de la ONU en la región, Sheila B. Keetharuth, lamentaba que la obligación de realizar un servicio militar indefinido (en lugar de los 18 meses que marca la ley) fue citado como la razón principal de los propios eritreos para abandonar su país de origen.

Y no son pocos. Solo en los primeros seis meses de 2015, de los 137.000 refugiados y migrantes que llegaron a Europa por mar, el 12% eran eritreos, en la segunda mayor fuente después de Siria.

«Eritrea continúa diciendo que está en guerra con su vecino Etiopía (…) Ha movilizado todo el pueblo a las armas. Tenemos un país militarizado», aseveraba recientemente a ABC Mussie Zerai, quien denuncia las condiciones de esclavitud que sufre la población.

«Estas personas huyen de su país a causa de la dictadura en curso, así como ante falta de derechos y libertades fundamentales», reconocía Zerai, fundador de la organización humanitaria «Habeshia».

La cárcel de los disidentes

Desde su independencia en 1993, al menos 10.000 presos políticos, buena parte de ellos sin acusación formal, han sido encarcelados por el Gobierno de Eritrea como parte de su cruzada para acallar a las voces críticas.

Recientemente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos hacía público un informe donde se relataban los patrones horribles de tortura, detención arbitraria y la conscripción indefinida que provocan la huida de miles de eritreos cada año de su país de origen.

Las 484 páginas del estudio son un baúl repleto de crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en un «alcance y escala pocas veces presenciado».

El propio Zerai (60) sabe qué significa tener que abandonarlo todo. Con solo 14 años partió de su país hacia Italia. Más tarde, en 2003, convertido ya en sacerdote, su nombre se haría famoso entre los inmigrantes africanos tras colaborar como traductor con un periodista italiano en las cárceles de Libia. «Para cualquier emergencia, llamad a este número» se leía en los muros de la prisión.