¿Por qué a Turquía le preocupa más el PKK que los yihadistas?

Durante la última semana, Turquía se ha embarcado en una serie de operaciones contra todas las organizaciones armadas del país: Estado Islámico, la guerrilla kurda del PKK y el grupo de extrema izquierda DHKP-C. Sin embargo, a medida que pasan los días, va quedando claro que los intereses de las autoridades turcas se centran sobre todo en actuar contra los kurdos. Son estos quienes componen el grueso de los más de seiscientos detenidos en las redadas policiales, y a quienes la aviación turca ha bombardeado con mayor intensidad y frecuencia. Y son ellos quienes han lanzado la campaña de represalias más contundente, tiroteando comisarías, asesinando y secuestrando a miembros de las fuerzas de seguridad, y saboteando infraestructuras.

El Gobierno turco y los nacionalistas kurdos han cruzado acusaciones respecto a quién es el responsable del hundimiento del proceso de paz entre Turquía y el PKK.

«Han sacrificado el proceso para pasar la barrera electoral», afirmó el miércoles el viceprimer ministro Yalçin Akdogan. «Sin ningún pudor, ahora quieren que el gobierno asuma el coste», aseguró.

Akdogan se refería a las elecciones generales del pasado 7 de junio, cuando el partido de base kurda HDP obtuvo un 13 % de los votos, superando la altísima barrera electoral del 10 %, y obteniendo 80 diputados, lo que le convirtió en la tercera fuerza política de Turquía, a la par con los ultranacionalistas turcos del MHP. El desplazamiento de escaños hacia los kurdos le supuso al Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Recep Tayyip Erdogan el perder la mayoría absoluta y no poder formar gobierno en solitario.

Por este motivo, son muchos los que sospechan que Erdogan está tratando de forzar un regreso a la violencia con la esperanza de que el HDP pierda votos en caso de que haya que repetir las elecciones en noviembre si, como parece probable, fracasan los intentos de formar un gobierno en coalición. El propio Erdogan no oculta sus intenciones, y esta semana pidió que se levante la inmunidad parlamentaria de los diputados del HDP para que «paguen por sus vínculos con organizaciones terroristas».

Además, a Turquía le preocupan, y mucho, los avances kurdos en el norte de Siria, donde las milicias kurdas YPG —una organización hermana del PKK— han conseguido unir Yazira y Kobane dos de los tres cantones kurdos en el país, y han iniciado el principio de una administración propia para gestionar estas regiones. Ankara teme que esto acabe convirtiéndose en el germen de un futuro estado kurdo en su frontera sur. Y mientras al Estado Islámico se lo percibe como un asunto temporal —incluso útil, dado que combate al régimen sirio de Bashar Al Assad y a los milicianos kurdos—, el conflicto kurdo existe prácticamente desde la fundación de la moderna República de Turquía, y solo su etapa más reciente, la guerra contra el PKK, se ha cobrado alrededor de 40.000 vidas desde 1984.

Pero el Gobierno turco se encontraba sometido a una importante presión internacional por su presunta inacción ante las actividades de los yihadistas en territorio turco. Los informes de sus propios servicios de inteligencia, que desde finales de junio vienen alertando contra posibles atentados suicidas, y sobre todo la materialización de uno de ellos (el pasado 20 de julio en la ciudad fronteriza de Suruç, donde murieron 31 ciudadanos turcos), le ha obligado a mover ficha.

La Administración Obama aprovechó la ocasión para forzar una concesión que, hasta ese momento, Turquía se había negado a hacer: la apertura de la base aérea de Incirlik, en la provincia de Adana, a las misiones de bombardeo de la coalición contra el Estado Islámico. Situada a apenas 60 kilómetros de la frontera siria, el uso de esta base facilitará enormemente la logística de las operaciones de la coalición. Pero el gobierno turco ha exigido algo a cambio: luz verde para establecer una «zona protegida» en el norte de Siria desde la que puedan operar los insurgentes sirios apoyados por Ankara y Arabia Saudí, y donde puedan encontrar refugio los desplazados sirios, que ya no tendrían que cruzar la frontera hacia Turquía.

Muchas incógnitas siguen abiertas respecto a dicho plan, que aparentemente no implicará la intervención de tropas terrestres turcas o estadounidenses. EE.UU. insiste en que no quiere enviar el mensaje equivocado a Damasco, que lo que quiere no es invadir el país sino crear una «zona libre del Estado Islámico», e insiste en poner el foco en la lucha contra los yihadistas. Pero Ankara tiene su propia agenda, no solo respecto a qué grupos rebeldes debe apoyar, sino también a qué debe hacerse con la guerrilla kurda (hasta la fecha los principales aliados de Washington en Siria, donde los milicianos comparten inteligencia con los estadounidenses y se dedican a marcar objetivos para los ataques aéreos de la coalición).

El Gobierno turco convocó este martes una reunión extraordinaria de la OTAN, donde trató de ganarse el apoyo de sus socios de la Alianza para las operaciones militares contra los kurdos. Pero algunos no están convencidos: aunque el organismo militar asegura que Turquía tiene todo el derecho del mundo a «defenderse del terrorismo», la canciller alemana Angela Merkel dijo al primer ministro turco Ahmet Davutoglu que Turquía debe respetar el «principio de proporcionalidad», y tanto Alemania como Holanda insisten en que mantenga abierto el proceso de paz kurdo.

Si, como consecuencia de la situación actual, el HDP resulta ilegalizado (tal y como ha ocurrido con media decena de partidos kurdos anteriormente), las posibilidades de que el AKP recupere la mayoría absoluta en unas nuevas elecciones es muy alta. Mientras tanto, la oleada de violencia amenaza con desestabilizar el país: además de la treintena de muertos de Suruç, al menos otras 21 personas han muerto en los últimos diez días, y 204 han resultado heridas en Turquía. La mitad de ellos son miembros de las fuerzas de seguridad, y el resto, civiles. Cifras oficiales que no tienen en cuenta el número, desconocido, de guerrilleros muertos en los bombardeos de la aviación turca.