La fiscalía de Veracruz da por muerto al periodista Moisés Sánchez

Moisés Sánchez se ganaba la vida como taxista en Medellín de Bravo, a quince kilómetros al sur del puerto de Veracruz, pero su verdadera vocación era la de periodista. Con el dinero que sacaba del coche, y cuando podía, mandaba a imprimir «La Unión», que distribuía gratis y que se convirtió en un medio de denuncia ciudadana de la zona –uno de los territorios «Zeta» desde hace varios años, donde los secuestros, las extorsiones y los homicidios son moneda corriente. Además, fungía como guía para reporteros que llegaban de fuera y, a veces, como una suerte de corresponsal para publicaciones como «Proceso» o «La Jornada», que le pedían información. Su voz, modesta pero vital, como tantos periodistas de provincia en México, quedó en silencio el pasado 2 de enero, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su casa y se lo llevó por la fuerza, junto con su ordenador y su cámara.

Era un caso calcado al de Gregorio Jiménez, al que secuestraron y mataron hace un año en Coatzacoalcos, al sur del mismo estado, y cuyo asesinato, a pesar de la movilización de fuerzas federales y el interés internacional que suscitó, aún no ha sido resuelto.

El domingo por la tarde, el procurador (fiscal) general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, daba una rueda de prensa para confirmar los peores presagios: Moisés Sánchez fue asesinado; su cuerpo apareció el sábado repartido en bolsas de basura. Según el fiscal, el único detenido por el caso hasta ahora, Clemente Noé Rodríguez, confesó haber participado junto con otras cinco personas en el secuestro de Moisés y haberle dado muerte, el mismo día, por «encargo directo» de Martín López Meneses, subdirector de la policía local de Medellín de Bravo, a la sazón chófer yescolta personal del alcalde del municipio, Omar Cruz Reyes (del PAN). A cambio, la banda recibiría protección para vender droga. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz mostró el vídeo con la confesión de Rodríguez, exintegrante de la desaparecida Policía Intermunicipal y presunto miembro de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.

Dudas sobre su muerte

Sin embargo, el hijo de Moisés Sánchez, Jorge, afirma que los restos –irreconocibles, dijo el fiscal– no pertenecen a su padre, y lo único cierto es que hay dudas respecto a la versión oficial.

Darío Ramírez, director de Artículo 19, ONG dedicada a la defensa de la libertad de expresión y encargada de la defensa de la familia, cuenta que hace dos semanas estuvieron en Veracruz revisando el expediente del caso y que éste presentaba muchas carencias: "«o existía nada que nos indicara que estaban buscando a Moisés. El principal argumento era que estaban arraigados once policías [el arraigo es la medida cautelar de reclusión usada en México cuando hay indicios de delito pero aún no se tienen pruebas] y todo iba por la línea de investigación que corroboraron ayer: el alcalde y su gente desaparecieron a Moisés». Ramírez subraya que en el expediente no había rastro de pruebas periciales: «Todo era 'este o aquel dijo'» –en efecto, el fiscal Bravo Contreras detalló en su comparecencia ante los medios que fue un vecino de Moisés Sánchez quien identificó a Clemente Noé Rodríguez.

La semana pasada, Artículo 19 invitó a Jorge Sánchez a la ciudad de México para reunirse con las autoridades federales, entre ellos el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. En su reunión, los abogados defensores reprocharon a Murillo Karam que la federación no se hubiera hecho cargo del caso, a pesar de haberle enviado la solicitud formal, a lo que el fiscal respondió diciendo que estaban llevando a cabo su propia investigación. «La familia tiene que jugar ahora a dos pistas», se queja Ramírez, que destaca que en el expediente federal dedican varias decenas de folios a argumentar si Moisés Sánchez era o no periodista. Otra vez, una película conocida: del homicidio de Gregorio Jiménez, las autoridades dijeron que se trataba de un «caso personal», en modo alguno relacionado con su trabajo de informador. El director de Artículo 19 recuerda a Jiménez y a Regina Martínez, asesinada en 2012, para apuntalar su escepticismo: en el caso de Martínez, detuvieron a un individuo que se declaró culpable y un año después, se descubrió que había firmado su confesión bajo tortura. Dados los antecedentes, la defensa sólo pide que se confirme que los restos encontrados sean los de Moisés, para lo cual han pedido un análisis de ADN independiente, y que la confesión del detenido se confirme a través de pruebas periciales.

Diez periodistas asesinados

Las organizaciones por la libertad de expresión no se cansan de denunciar que Veracruz es el estado mexicano más peligroso para ejercer el periodismo. Aparte de Moisés Sánchez, diez periodistas han sido asesinados desde que tomó posesión Javier Duarte como gobernador (del PRI), en diciembre de 2010, y otros tres permanecen desaparecidos. El mapa interactivo «Periodistas en Riesgo», presentado el pasado viernes por Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas, registra 31 ataques a la prensa en Veracruz en los últimos dos años. «La impunidad ha sido el sello de las agresiones contra periodistas veracruzanos», ha dejado escrito Javier Garza Ramos, encargado del Programa de Seguridad Digital del Centro Internacional para Periodistas.

En el caso de Moisés Sánchez, temen que la historia se repita. Por el momento, aparte de once policías «arraigados», están en busca y captura los individuos denunciados por el detenido: «El Harry», «El Chelo», «El Piolín», «El Moi» y «El Olmos» –sí, sólo por mote. Bravo Contreras anunció que su fiscalía solicitará el juicio de desafuero a Omar Cruz Reyes –protegido como alcalde por la constitución–, para poder investigar su responsabilidad o no en los hechos. Pero si las pruebas de ADN no ratifican la versión oficial, Moisés Sánchez seguirá en la lista de desaparecidos, no de muertos. La investigación, asegura el fiscal, sigue abierta.