Altos cuadros del Estado detenidos por posible corrupción en los Visados de Oro

El negocio de los Visados de Oro que iba viento en popa en Portugal está ahora en el punto de mira por un posible caso de corrupción en el que están involucrados altos cargos del Estado. La Policía Judicial detuvo anoche a un total de once personas sospechosas de corrupción, blanqueamiento de capital, tráfico de influencias y malversación en el ámbito de una investigación sobre la atribución de los Golden Visa. Tal y como ha informado la Fiscalía General del Estado, este viernes los detenidos prestarán declaraciones ante la Justicia. Entre ellos se encuentra el presidente del Instituto de Registros y Notariado, Antonio Figueiredo, la secretaria general del Ministerio de Justicia, María Atonia Anes (mujer de Figueiredo) y el director nacional del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), Manuel Jarmela Palos y Fronteiras.

La Policía Judicial ha explicado que lleva meses con esta operación, en varios puntos del país, en la que han participado cerca de dos centenas de investigadores. Han realizado búsquedas en los ministerios de Administración Interna, de la Justicia y del Ambiente, Ordenamiento del Territorio y Energía para recoger información relacionada con departamentos, servicios y funcionarios de aquellos ministerios. No hay ningún miembro del Gobierno implicado en la investigación.

Programa Golden Visa

Fue creado en el 2012 por el Ejecutivo para atraer inversión extranjera y otros países como España han seguido pasos parecidos. Este programa prevé la emisión de autorizaciones de residencia para extranjeros oriundos de fuera del espacio Schengen que inviertan en Portugal por un periodo mínimo de cinco años. Ya sea a través de la compra de una propiedad (por valor igual o superior al medio millón de euros), por una una inversión de capitales de al menos un millón de euros (comprar acciones, deuda pública, unidades de participación…) o por realizar una inversión que genere un mínimo de diez puestos de trabajo. Desde su puesta en marcha el año pasado ya se han atribuido 1.775 autorizaciones de residencia a extranjeros totalizando una inversión de 1.076 millones de euros, según los datos del SEF. De todas ellas 1.681 se atribuyeron por la adquisición de inmuebles, 91 por transferencias de capitales y 3 por la creación de puestos de trabajo. El 80,5% de los inversores son chinos (1429), seguidos de rusos (58), brasileños (55) y sudafricanos (43).