PNV y PSE vetan que una comisión investigue en el Parlamento vasco el fraude de los comedores escolares

No habrá comisión de investigación en el Parlamento vasco para determinar si hubo responsabilidad política en el fraude de los comedores en la red de enseñanza pública, que llevó a la Autoridad Vasca de la Competencia a imponer el pasado mes de febrero una multa récord de 18 millones de euros a ocho empresas, por reparto concertado del mercado. El PNV y el PSE han unido sus votos para vetar que se constituya dicha comisión, tal y como proponían PP y UPyD a través de una proposición no de ley, respaldada igualmente por Bildu. Los populares estiman que las empresas, al repartirse la «tarta» de los menús, y pactar precios al alza, se arrogaron un beneficio de 200 millones de euros.

El Gobierno vasco ha trasladado esta semana a la Fiscalía, tal y como aprobó instar al ejecutivo peneuvista la Cámara de Vitoria el pasado 3 de marzo, el informe de la AVC. Para PP y UPyD, insuficiente: además de las responsabilidades penales que pudiera detectar la Fiscalía, quieren que se indage en las posibles responsabilidades políticas. El parlamentario popular Iñaki Oyarzabal ha hecho hincapié en que la actuación de dichas empresas excede lo analizado por la AVC (los últimos 10 años; según el PP, la práctica abarca más tiempo, 18 años), ya que el nuevo sistema de adjudicación de lotes, del pasado otoño, perpetúa la situación.

«Esto es una auténtica tomadura de pelo», ha reprochado Oyarzabal durante el debate previo a la votación a la consejera de Educación, Cristina Uriarte. A su juicio, la nueva adjudicación es un «traje a medida» de las empresas que se siguen repartiendo los menús en los comedores públicos. «Nos da la sensación de que no quieren llegar hasta el final», ha añadido, para reprochar que le nuevo sistema, con modificación del concurso, permite que «se lleven los mismos» el reparto de lotes.

El PSE ha justificado su negativa a que se constituya la comisión en el escaso margen restante de legislatura y en que tanto los tribunales como la AVC no han detectado que haya responsabilidad por parte de la Administración, como sostienen PP y UPyD, que sospechan de su «connivencia». «Teníamos dudas de la porquería detrás del PNV. Teníamos dudas, ahora menos. Votar en contra es tapar posibles porquerías», ha reprochado Gorka Maneiro, de UPyD. «Otra vez el grupo socialista en defensa de la casta vasca, llamada PNV», ha lamentado.

«Tratan de tapar el fraude»

Oyarzabal ha incidido en que PNV y PSE «tratan de tapar este fraude por si acaso se ven salpicados, no quieren poner luz». Ha recordado que la AVC no ha entrado a determinar si hubo trato de favor o responsabilidad política «porque no le compete», y ha reprochado al Gobierno vasco que «lo que quiere es que sigan siendo las mismas empresas las que se sigan beneficiando». «Anulen los contratos», ha instado al ejecutivo nacionalista, en alusión al nuevo sistema de concurso.

José Antonio Pastor, parlamentario del PSE, ha replicado que el PP necesita «extender sospechas sobre todos para disminuir su culpa», en alusión a los casos de corrupción política, y considera que los populares se han embarcado en una «campaña» que su grupo no va a pagar, además de calificar de «postureo» el pedir la comisión en las postrimerías de la legislatura.

Por el PNV, Juan Antonio Arieta-Araunabeña ha cerrado su intervención acusando a la oposición -salvo el PSE- de querer «dejar un halo de sospecha» sobre su partido. «Son la otra cara de la corrupción, la mentira, el engaño», ha acusado a PP y UpyD. «El PP tiene que extender a todo el mundo la porquería. Poner a todo el mundo del mismo color, sucios».

Con 32 votos a favor y 43 en contra, la creación de la comisión no ha salido adelante. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía del País Vasco.