Ganaderos, hosteleros y transportistas reclaman medidas tributarias flexibles al Gobierno
Consideran que la Ley Tributaria para 2021 les perjudica precisamente en estos momentos de crisis
Ganaderos, hosteleros y transportistas han reclamado al Gobierno de Navarra medidas tributarias que ayuden a estos sectores especialmente afectados por la crisis económica generada por el Covid-19 . Las organizaciones más representativas de autónomos en Navarra han solicitado una reunión a la Dirección de Hacienda Foral de Navarra para demandar flexibilidad en la entrada en vigor de la Ley de Medidas Tributarias aprobada el pasado 13 de octubre y para cuyo desarrollo no se ha consensuado con ellos medidas, algunas de las cuales consideran que les perjudican, precisamente en estos momentos.
Los afectados piden que la ley se alinee con las realidades sectoriales; así como la corrección de algunos aspectos de la norma por su grave impacto, como la incorporación de subvenciones /indemnizaciones en el cómputo de ingresos y la actualización (aumento) del porcentaje de otros gastos en sectores como el agrario o la aplicación de un sistema de estratificación del sistema diferente del propuesto, para modular la tributación en función de los ingresos.
UAGN (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) , AEHN, ANAPEH, las dos asociaciones representantes del sector hostelero y ANET y TRADISNA, asociaciones del transporte, organizaciones más representativas de autónomos en Navarra, se han unido para demandar un período de adaptación para facilitar a los sectores económicos más afectados del tiempo necesario y prudencial que permita habituarse a los cambios que en la gestión contable implica esta nueva tributación, así como flexibilizar la entrada en vigor de la norma con criterios de prudencia, efectividad y consenso sectorial.
“Dichas medidas se planteaban como una apuesta por el relanzamiento económico en estos momentos de crisis por la Covid-19, sin embargo, implica, en numerosos ejemplos estudiados, un incremento de la presión fiscal generalizado y por tanto no constituye una herramienta para salir fortalecidos de esta crisis, sino todo lo contrario”, manifiestan las organizaciones. “Así mismo, la aplicación de este nuevo sistema de tributación obligará a una mayor carga administrativa y de trabajo al autónomo empresario en su gestión del negocio y en caso de que decida externalizar la gestión de la contabilidad, un mayor coste económico. Esta circunstancia afectará especialmente a los pequeños negocios, precisamente los más vulnerables”, continúan.
Perder competitividad
Las comunidades autónomas limítrofes como La Rioja o Aragón seguirán tributando por el régimen de estimación objetiva, añaden, por lo que “consideramos un agravio comparativo con Navarra que, sin duda, perderá competitividad en sus productos y servicios, y por tanto se puede ver perjudicado el empleo y la tributación por IVA”, exponen.
Desde las organizaciones entienden, por tanto, que no se ha realizado la transición en base a un procedimiento participativo, sino que se ha presentado un proyecto de Ley incluyendo la medida de eliminación del sistema de módulos por un sistema de estimación directa simplificada especial, sin explicar a los distintos sectores cómo se ha gestado el mismo y las fuentes utilizadas para la determinación del rendimiento previo y del porcentaje de gastos de difícil justificación. Dicho cambio no ha sido consensuado con las organizaciones profesionales firmantes, ni se ha establecido un diálogo transparente donde se hayan aportado las fichas técnicas y estimaciones económicas que evalúen el impacto de estas nuevas medidas a nivel recaudatorio y de presión fiscal para las familias.
Con todo ello, “pretendemos visibilizar la postura de negociación y colaboración que mantienen y caracterizan a las organizaciones firmantes con la Administración Foral de modo que podamos tener una reunión y debatir en concreto los términos expresados en una reunión con la Dirección General de Hacienda que solicitamos de forma conjunta inmediatamente”, concluyen.
Así mismo, manifiestan su total oposición a que se considere al régimen de estimación objetiva como objeto de la lucha antifraude, habida cuenta de la historia fiscal de este sistema, que ha permitido poder garantizar la recaudación y facilitar la misma en todo el territorio y en sectores concretos que por su actividad hubieran tenido dificultades con sistemas más complejos.
