Barbero critica a la edil de Tetuán por poner en peligro a los vecinos

Al equipo de Gobierno de Manuela Carmena no le gustan los «antidisturbios», y menos de la Policía Nacional. Esta semana pasada, hasta nueve concejales, incluido el de Seguridad, han criticado el despliegue, para ellos «desproporcionado» e incluso «ilegal», durante el desalojo de la casa «okupa» La Morada, en Chamberí. Días después, era la propia alcaldesa, la exjuez Manuela Carmena, la que se sumaba a esta corriente de opinión radical.

Sin embargo, la acción de estos mismos agentes evitó que vecinos de Tetuán cercanos o pertenecientes a su partido, Ahora Madrid, fueran víctimas del ataque de 200 neonazis. Un hecho que podría haberse evitado si la concejal del distrito, la polémica Montserrat Galcerán, hubiese hecho caso a la petición de la Delegación del Gobierno de que suspendiera el evento vecinal.

Pero hizo caso omiso. Esta queja fue trasladada por la propia representante del Ejecutivo central, Concepción Dancausa, a Carmena y al edil de Seguridad, Javier Barbero, el pasado 12 de abril. Éste reconoció el error de Galcerán, pidió disculpas y anunció que en lo sucesivo ese tipo de cuestiones, aunque las organizaran los distritos, deberán tener el visto bueno del área que él dirige.

Inicialmente, el Hogar Social Madrid, un colectivo neonazi que está tomando fuerza en la capital, convocó para el 20 de marzo, en la plaza del Canal de Isabel II, una protesta contra las bandas latinas; ese mismo día y en el mismo lugar se celebraba una mesa vecinal, auspiciada por Galcerán, sobre integración e inmigración. La Delegación del Gobierno, por entrar fuera de plazo, denegó el permiso para los de extrema derecha. Estos la postergaron para el 3 de abril, pero Dancausa prohibió que tuviera lugar en ese enclave y los trasladó a Cuatro Caminos, para evitar problemas de orden público. El Hogar Social recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que les dio la razón: podrían concentrarse con ese trasfondo racista en la plaza del Canal.

Por si fuera poco, Montserrat Galcerán autorizó, apenas 48 horas antes de la cita neonazi, una mesa informativa «para la convivencia, ecologismo y multiculturalismo» a la asociación de vecinos Almenara de La Ventilla. En el mismo lugar y horarios coincidentes. Los propios residentes escribieron a Delegación (a la que el Ayuntamiento no había comunicado nada al respecto) manifestando su temor a que era «muy posible» que se produjeran «alteraciones del orden público». Pero Galcerán seguía en sus trece, y sin comunicar nada a Barbero.

Llamada del subdelegado

Pues bien, el equipo de Dancausa remitió una carta al coordinador de Seguridad del Ayuntamiento y, además, tanto el director de Seguridad Ciudadana como el propio subdelegado, Luis Martínez-Sicluna, telefonearon al coordinador, pidiendo que se retirara la convocatoria de izquierdas; ya que el TSJM había ordenado que se mantuviera la de signo contrario. Pero nadie respondió satisfactoriamente en el Ayuntamiento.

Yasí es como se llegó al 3 de abril. Con un escudo de «antidisturbios» separando ambos grupos, que, exaltados, mantuvieron encontronazos verbales. La cosa no llegó a más, porque, como reprochó Dancausa a Carmena y Barbero en la Junta Local de Seguridad, hubo que triplicar el número de efectivos previstos, pasando de un grupo de las UIP (50 agentes), a tres (150).

La delegada del Gobierno afeó esta falta de colaboración a la alcaldesa y al concejal, que reconocieron que se había producido «descoordinación». Barbero entonces anunció que él sería quien autorizaría esas mesas.