Zona Franca, el último objetivo de Caballero

El gobierno de Abel Caballero está salpicado de encontronazos con la Administración autonómica y estatal. Se opuso a la fusión de las cajas impulsada por Alberto Núñez Feijóo, también a cumplir con el convenio firmado entre su antecesora Corina Porro y dos conselleiras del bipartito para las acometidas del nuevo hospital de Vigo y, durante años, a ceder los terrenos que harían posible la construcción de la Ciudad de la Justicia y que finalmente será trasladada al antiguo Hospital Xeral. Esto sin olvidar su rechazo frontal a la ley de área metropolitana de Vigo de 2012. Tampoco se lo puso nada fácil a la extitular de Fomento, hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, en las negociaciones sobre la construcción de la estación del AVE, el proyecto de Thom Mayne que desde el Ayuntamiento se veía como una «oportunidad irrepetible» y que para los técnicos de la cartera ministerial resultaba «inviable técnica y económicamente».

Y ahora es Zona Franca la que está en su punto de mira, tanto que se ha dado una situación «inédita en los 70 años del ente», en palabras de su delegada Teresa Pedrosa.

En este sentido, recuerda que los estatutos que rigen en la institución se remontan a los redactados en la época de Francisco Franco, que otorgaban al alcalde de la ciudad la presidencia del pleno del Consorcio, si bien su figura siempre se había limitado a ser «meramente institucional» y, en ningún caso, había interferido en su gestión ordinaria. Con todo, Pedrosa no critica que el alcalde pueda tener un papel más activo en el ente «siempre que nos deje trabajar, porque lo que no vamos a consentir es que ataque y bloquee al organismo».

Ceses y destituciones

Pedrosa habla de una «maniobra torticera» de Caballero para lograr tumbar los presupuestos de la entidad en el pleno celebrado el pasado mes de julio. Y a este se remonta el conflicto político-institucional abierto y que la delegada confía en reconducir «por el bien de la ciudad». «Es incomprensible que el alcalde se oponga a una inversión de 44 millones en Vigo, y solo espero que acabe por imponerse el sentido común», señala en su conversación con ABC.

Los votos de Abel Caballero, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, cinco concejales socialistas y el empresario Manuel Rodrígez, presidente del Grupo Rodman y vocal del Estado, acabaron por inclinar la balanza (8 a 7) y dejar al Consorcio sin presupuestos. Una decisión nada baladí, pues deja en la picota varios de los proyectos programados como la Ciudad del Transporte, la ETEA (para su conversión en Campus do Mar por la Universidad de Vigo) y la ampliación del polígono de Balaídos. Una «traición» por parte del empresario vigués, como así la sintió Pedrosa, a la que le faltó tiempo para sustituirlo por José María Fonseca Moretón, presidente de Terras Gauda. Lo hizo entre reproches a Caballero de querer politizar el Consorcio, en clara referencia al cese de Miguel Fidalgo, edil del PP, y su sustitución por la socialista María José Caride, en un primer intento por laminarla.

Pedrosa es consciente de que se trata de una «vendetta» del alcalde, que en las últimas semanas se ha deshecho en descalificativos contra la delegada tildándola de «intolerante y totalitaria». El origen de esta disputa lo sitúa la política del PP en su negativa a financiar un aparcamiento en el estadio de Balaídos, un rechazo que justifica en que el cometido es contribuir al desarrollo y la dinamización económica y social de Vigo y su área.

Por su parte, el alcalde mueve ficha y, en atribución de las competencias que tiene como presidente del pleno, avisa que hará propuestas de inversión en la ciudad, con el fin de «dinamizar» la acción de este organismo, ya que «la delegada no quiere hacerlo y apuesta por darle el dinero de Vigo a la Xunta». En su réplica, Pedrosa afirma que «tiene abiertas las puertas de mi despacho».