Xunta y ayuntamientos reconocen que precisan más coordinación para lograr la inclusión social

Sin coordinación entre administraciones, la inclusión social es una realidad más compleja de alcanzar. Es una opinión compartida entre la Xunta y los ayuntamientos gallegos implicados en la prestación de estos servicios. Así lo expusieron este miércoles representantes del Gobierno autonómico y de los concellos de Santiago y Lugo, de tres partidos políticos distintos, durante un foro sobre aspectos como la pobreza y la exclusión social en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago.

Concha Fernández, concejala de Políticas Sociales por Compostela Aberta, expuso que existen «perspectivas distintas» a la hora de encarar esta cuestión, pues en su caso considera que no estamos ante un tema de «dar ayudas con miles de requisitos; no hablamos de prestaciones, sino de garantizar derechos».

La corrigió Amparo González, directora de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, quien sostuvo que «no tenemos visiones diferentes, sino un objetivo común: trabajamos contra la exclusión social».

En opinión de Fernández, «el marco normativo actual está anticuado» y «no hay un liderazgo técnico», lo que deriva en «desconfianzas» entre los políticos al frente de estos ámbitos. Entiende que se precisan protocolos homogeneizados frente a una «burocratización extrema». González llamó a todos los implicados a «esforzarse y mejorar, la Xunta la primera». Y a ese respecto, constató que «este año ha crecido el presupuesto para la RISGA (Renda de inclusión social de Galicia)» y se han enmendado los «retrasos compartidos» de 2014 al pagarla. «Había que mejorar y se ha hecho. Hoy se cumple con los tiempos», aseguró antes de insistir en que «la coordinación es vital porque los recursos son limitados».

«Problema de diagnóstico»

Mientras que ayuntamientos como Orense y La Coruña excusaron su asistencia por problemas de última hora, otros como Vigo optaron de inicio por no participar. Por Lugo habló la edil socialista Ana González, para quien «el presupuesto no lo es todo». Indicó que «hay un problema de diagnóstico porque se mezcla la garantía de renta con la inclusión» y señaló la «precarización del empleo» como un elemento que ha hecho que las necesidades sociales cambien respecto a hace unos años. González reclamó «normas iguales en todos los concellos» y «trabajar para variar la percepción de la sociedad de que lo que se da no llega a su destino».

Intervino por último Antonio Miranda, del Consorcio Galego da Igualdade e Benestar, quien defendió que los técnicos de diferentes organismos o asociaciones «se coordinan», por lo que el problema está —a su parecer— en otros eslabones de la cadena. Desde su posición, pidió «un trabajo global y no compartimentos estancos», además de «estabilidad», puesto que «se necesita tiempo» para poder llevar a cabo planes a largo plazo que no dependan de si la institución que lo ejecuta mantiene o no una subvención pública que venía recibiendo hasta ese momento.