La Xunta también abre expediente sancionador a las concesionarias que vaciaron embalses

Nuevo capítulo en la polémica por el vaciado de embalses gallegos. Tras comunicar el viernes que se abría expediente sancionador a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda anuncia este sábado que incoa el mismo procedimiento frente las empresas concesionarias que llevaron a cabo el desagüe de cuatro presas de las provincias de Orense y Lugo. Aunque el gabinete autonómico no lo menciona, las eléctricas afectadas son Naturgy, en Salas y Belesar, e Iberdrola en Cenza y As Portas.

En concreto, indica Medio Ambiente en una nota informativa, la Consellería impone a estas dos entidades la sanción máxima prevista en la ley por cada uno de los embalses en los que las entidades efectuaron el vaciamiento susceptible de afectar a la fauna piscícola, toda vez que, indican, realizaron el desagüe «sin que el servicio provincial correspondiente pudiera fijar las medidas preventivas oportunas» y, por lo tanto, sin esperar por el pronunciamiento de la Xunta.

El artículo 73.ah, de la Ley 2/2021, de 8 de enero, de pesca Continental de Galicia, alude a «alterar de modo apreciable el nivel de las aguas o del caudal del río, cuando puedan derivar daños para las especies psicícolas, salvo que la actuación resulte conforme y cumpla las exigencias de la normativa en materia de aguas». Según el artículo 75 b de la citada ley, le correspondería una sanción que va desde los 3.000€ a los 25.000€ . En este caso, tratándose de cuatro embalses, las multas podrían llegar a un tope, en el sumatorio, de 100.000 euros, 50.000 por concesionaria.

Medio Ambiente, como organismo competente en materia de protección de la riqueza piscícola en Galicia, adopta esta nueva decisión basándose en el artículo 83 del reglamento autonómico de pesca fluvial, por la falta de la autorización necesaria para proteger a la población ictícola ante un posible vaciado. Desde el departamento autonómico se recuerda que le corresponde al organismo competente en aprovechamientos hidráulicos en cada demarcación, en este caso la Confederación, notificarle a la Consellería que se quiere efectuar un vaciado en una presa para que esta informe sobre las medidas que se deben adoptar previamente, con el fin de garantizar que su ejecución no perjudicará a las poblaciones existentes en esa masa de agua. Esa comunicación debe realizarse con una antelación mínima de un mes, «algo que tampoco cumplieron las entidades», acotan.

«En contra del procedimiento legalmente establecido y conocido tanto por las concesionarias cómo por la CHMS, este verano se alteró el nivel de agua embalsada en algunos de los principales embalses hidroeléctricos del Miño-Sil sin que la Confederación Hidrográfica lo notificara antes a la Consellería de Medio Ambiente ni, por lo tanto, esperar a que se pronunciara, motivo por el que el departamento autonómico decidió iniciar el correspondiente sancionador tanto contra las empresas como contra el organismo de cuenca estatal», resumen. El objetivo: depurar responsabilidades por unos hechos «no imputables de ninguna forma a la acción del Gobierno gallego».