Silva se enfrenta al ‘caso Cuñada’

Medio año después de que el Supremo ratificase las condenas por la contratación irregular de su cuñada en una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo, Carmela Silva tendrá que dar explicaciones. El pleno de la Diputación de Pontevedra, que ella preside, se reunirá mañana de forma extraordinaria por mandato judicial. En diciembre, tras conocerse la sentencia, el PP había reclamado la presencia de Silva para pedir que asumiese responsabilidades políticas y presentase su dimisión. La presidenta se negó a convocar el pleno y los populares recurrieron a la justicia, que les dio la razón.

El conocido como ‘caso Cuñada’ tuvo su primera sentencia ya en 2019 de la mano de la Audiencia Provincial pontevedresa tras una denuncia de la plataforma Xuntos por Galicia. El tribunal condenó a un alto funcionario del Concello de Vigo, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, y al responsable de la concesionaria Imesapi, Ramón Comesaña, por haber enchufado en esta última a Vanesa Falque, cuñada de Carmela Silva. Según la sentencia, Falque cobró durante cinco años un sueldo (en total una cantidad de 108.000 euros) sin siquiera ir a trabajar. La beneficiaria del puesto quedó impune al haber prescrito el delito. Tampoco se pudo determinar qué cargo político dio la orden de que la concesionaria colocara a dedo a la cuñada de Carmela Silva, la mano derecha del alcalde socialista vigués Abel Caballero.

Pero la oposición del PP cree que «no puede ser una casualidad» la relación familiar con la presidenta de la Diputación . «Está totalmente desacreditada, tiene que dimitir», expuso, tras conocerse la celebración del pleno, el portavoz de los populares en la Diputación, Jorge Cubela. «No lo dice el PP, lo dice el sentido común y la ética y la moral», añadió. El también alcalde de Cerdedo-Cotobade instó a Silva a que cuente la verdad de «quién está detrás» de la trama corrupta. Mañana volverá a pedírselo durante el pleno.

Pero Silva acusa a los populares de sobreactuar y de ofrecer una «imagen patética» . «El PP (...) tiene como objetivo la destrucción del adversario político, les encanta la sangre; son el partido de la sangre. Es muy triste, me dan pena», afirmó la presidenta de la Diputación un día después de conocerse que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra ordenaba convocar el pleno extraordinario. «Podría volver a repetir que esta presidenta es intachable. Lo sabe todo el mundo. Nunca fui a un juzgado, nunca en mi vida, ni como testigo. Tal como aparece ya en la sentencia. Yo no tengo nada que explicar», justificó, «porque hay una sentencia ya donde no fui ni imputada ni investigada ni me llamaron como testigo; será porque no había ni siquiera indicios de mi participación », insistió. Esta será, presumiblemente, la línea argumental a la que Silva se agarrará durante el pleno.

Más allá de la contratación irregular de la cuñada de Silva, el PP denuncia también que desde el Ayuntamiento de Vigo prosiguen intentando beneficiar a los condenados por el caso de corrupción. Ni el alto funcionario Gutiérrez Orúe, ni el gerente de Imesapi, Ramón Comesaña, entrarán de momento en prisión a la espera de que el Gobierno central resuelva si les concede un indulto . El primero ha alegado para evitar pisar la cárcel que era afiliado al PSOE. Además, asociaciones de Vigo han reconocido que desde el entorno del socialismo municipal se les reclamó que ayudaran al indulto de Orué entregando un papel con el logo de la entidad, firmado y cuñado, sin saber qué texto iría en el escrito.

El PP vigués denunció este jueves nuevas «irregularidades en las adjudicaciones» municipales. Los populares cargaron contra la intención del ejecutivo de Caballero de licitar el alumbrado público a una empresa que debe subrogar al gerente de Imesapi, el otro condenado en el caso cuñada. Los populares tildaron de «escandaloso» que se obligue a la nueva concesionaria a asumir la nómina de quien contrató a la allegada de la titular provincial , con un salario fijado en 90.000 euros, y que multiplica por cuatro al asignado a los otros tres trabajadores con la misma categoría de encargados de mantenimiento. El grupo municipal del PP anunció que impugnará ante el Tribunal de Contratación esta contratación.