El PPdeG utiliza el plantón de Silva y Campos para cuestionar a Caballero

Apenas seis días después de salir encumbrado como líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero ya tantea su primer bache interno: el plantón de Carmela Silva y Darío Campos a rendir cuentas ante el Parlamento. El hecho de que los presidentes del gobierno provincial de Pontevedra y Lugo se negaran a comparecer en la comisión de presupuestos sirvió al PP para cuestionar la nueva etapa que se vislumbra en el PSdeG. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, emplazó ayer al economista vigués a «tomar partido» por un desplante inédito en la última década del parlamentarismo autonómico: «Si a Caballero le avergüenza, que haga un reproche público» , sentenció.

Para el número de dos de los populares gallegos, solo hay tres motivos que puedan explicar la conducta de ambos barones socialistas. La primera, dijo, está relacionada con los complejos que tanto Silva como Campos asumirían a la hora de explicar su gestión. Bien eso, o que ninguno de los dos «cree en la transparencia y en la cooperación entre administraciones» , puesto que la institución pontevedresa opera como «mero anexo de Vigo» y la Diputación de Lugo funciona como «reserva natural del besteirismo». De no ser ninguna de las dos, subrayó, solo queda una tercera hipótesis que apunta directamente a la nueva cúpula del socialismo y a Caballero como «responsable» del boicot. A pesar de todo, y con independencia de las causas, el popular concedió al recién elegido secretario general el beneficio de la duda: «Tiene una magnífica oportunidad para retratarse».

Quien sí acudió a la Cámara autonómico a detallar sus cuentas fue Valentín González Formoso. El presidente de la Diputación de La Coruña expresó su «respeto» por la decisión adoptada por sus compañeros de partido, aunque desde su posición personal se mostró favorable a «coordinar» siempre el presupuesto provincial con el de la Xunta.

La rendición de cuentas de los responsables provinciales ya fue objeto de debate en el pasado. Concretamente, en el 2005, cuando la entente que entonces formaban el PSdeG y el BNG incorporó al calendario de comparecencias una cita para cada uno de los presidentes de las diputaciones. Pero, después de la negativa de Orense, Lugo y Pontevedra a someterse al control de los diputados, los letrados de la Cámara elaboraron un informe a cuyo contenido ha tenido acceso ABC. En aquel momento, los servicios jurídicos ratificaron que «el deber de colaboración de las instituciones es un principio constitucional que incluye a los presidentes de las diputaciones». El texto argumentaba, además, que los diputados disponen de la capacidad para solicitar la comparecencia en comisión de «cualquier funcionario, autoridad o particular», como es tradición en las audiencias de los parlamentos anglosajones.

Desde aquel pronunciamiento, los responsables de las entidades locales comparecieron de forma ininterrumpida durante once años. Hasta el día de ayer, cuando Silva y Campos decidieron acabar con una tradición que había instaurado la socialista Dolores Villarino, en aquel momento presidenta de la Cámara. Hoy en día, Villarino ocupa uno de los puestos de mayor peso en la cúpula de Gonzalo Caballero. Paradójicamente, la de responsable de política institucionales del PSdeG.