Galicia
Una nueva ley facilitará rehabilitar al evitar el trámite de Patrimonio
La norma abre opciones para no necesitar autorización previa salvo caso de inmuebles BIC o protegidos
La Dirección Xeral de Patrimonio se había convertido en un agujero negro donde un expediente entraba pero nunca había constancia de la fecha en que se resolvía. Y esa incertidumbre, sumada a las rigideces que en ocasiones imponía para estos proyectos, hacía que muchos interesados desistieran en su empeño y dejaran desmoronarse viviendas antiguas. Consciente de ese hándicap burocrático, la nueva ley de rehabilitación de Galicia abre una vía para esquivar a Patrimonio en una serie de supuestos en el que encajarán el grueso de los casos.
La norma —que se encuentra todavía en fase de anteproyecto y que en los próximos días será remitido al CES por la Xunta antes de que siga su curso camino del Parlamento para su normal tramitación— permitirá que un proyecto de rehabilitación no necesite de autorización de Patrimonio salvo que sea un edificio BIC o tenga catalogación de protección integral. Esta prerrogativa será de aplicación en las casas en los entornos del Camino de Santiago, los núcleos rurales y urbanos así como cascos históricos.
No serán excepciones a la norma ni el Lugo intramurallas o el casco viejo Compostelano, ambos catalogados como Patrimonio de la Humanidad. «Una cosa es tener un casco histórico declarado BIC, y otra tener inmuebles» así catalogados. Solo en este segundo caso, la nueva ley no será de aplicación.
Según explicó en su comparecencia semanal el presidente de la Xunta, la ley permitirá una serie de acciones hasta ahora imposibles por las rigideces urbanísticas como la agregación de edificios entre sí, la instalación de ascensores, el uso indistinto de portales, la unión de locales comerciales de viviendas distintas, la demolición de fachadas con protección ambiental que se encuentren en la ruina o el vaciado de un edificio parcial o totalmente. Pero trámites mucho más sencillos, como un cambio de cubiertas o ventanas tampoco necesitarán pasar por Patrimonio, sino que valdrá la licencia directa que conceda cada Concello.
«Teníamos cada vez más edificios en los cascos históricos en peor situación hasta el derrumbamiento total», lamentó un Feijóo que justificó así una norma que busca «disminuir trabas y aumentar la planificación técnica», pero que tampoco ocultó que la tarea de convencer a los técnicos de la Dirección Xeral fue larga y ardua.
A Patrimonio, en paralelo, se le reduce notablemente la carga de trabajo. Según estimó Feijóo, este departamento «va a informar entre un 30 y un 40 por ciento menos de expedientes», que en números se traducen «entre 3.000 y 3.500 expedientes al año»
Complementando a esta norma está la guía de materiales —ya aprobada—, por lo que se acota la tentación tan gallega del «ti vai facendo» que históricamente ha devenido en casos del atroz feísmo que campa por muchos concellos del territorio, para desesperación de las administraciones.
Feijóo enmarcó esta norma dentro de la política de priorización de la rehabilitación frente a la nueva construcción emprendida por su gobierno en los últimos años. «Hay casas vacías por el boom inmobiliario y otras que tienen características patrimoniales que no se cuidan adecuadamente». Además, consideró que «la rehabilitación conlleva más empleo que la vivienda nueva». En esta línea, recordó que el proyecto presupuestario de la Xunta para 2019 prevé una bajada de impuestos para la adquisición de vivienda usada.
Sanciones al grafiti
En esta misma norma se incorpora por primera vez la aplicación de sanciones a los grafiteros que actúen sobre bienes patrimoniales. «Tipificamos de forma explícita las pintadas, incisiones u otros actos vandálicos que causen daños y deterioros» , informó Núñez Feijóo. El texto contemplará una gradación de estos actos que irán de leve a grave o muy grave, y con un rango de sanciones que se extenderán de los 300 euros al millón en los supuestos más extremos.
Así, las pintadas en los inmuebles ubicados dentro de contornos de bienes de interés cultural catalogado —una figura de protección que recoge la legislación autonómica— se sancionarán con entre 300 y 6.000€; si las pintadas se ocasionan sobre un BIC o un edificio catalogado, la multa económica irá de los 6.001 a los 150.000€. Dentro de este supuesto encajaría el vándalo que pintó una figura de la fachada de Platerías de la Catedral de Santiago. Las sanciones más graves —de hasta un millón— serán para los casos de destrucción o daño irreparable.
