Tribunales

El juzgado autoriza la venta del astillero Barreras a Armón por 14,7 millones de euros

La magistrada prima el pago a acreedores y la «rápida» reactivación de la actividad

Manifestación contra el cierre del astillero, en 2019 ABC
Pablo Pazos

Pablo Pazos

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El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, acordó autorizar a la administración concursal para que lleve a cabo la venta de la unidad productiva de Hijos de J. Barreras —en concurso voluntario de acreedores— a la empresa Astilleros Armón Vigo , una de las tres ‘finalistas’ en el proceso de compraventa —que habrá de formalizarse en un plazo máximo de 30 días—, por un precio total de 14,7 millones de euros , según consta en el auto, fechado este martes. De las opciones sobre la mesa, era la que contaba con el informe favorable del administrador concursal; pero la que rechazaban los trabajadores del astillero vigués, que preferían la de Gondán por un motivo de peso: ésta se comprometía a asumir el 100% de la plantilla, mientras que Armón solo mantendrá a 20 trabajadores de los casi dos centenares. Pero el precio total de la oferta resultaba igualmente muy dispar, 14,7 millones frente a 5,5. Y esto ha terminado decantando la balanza. Por el camino quedó la puja de Marina Meridional.

En el auto, la magistrada Amelia María Pérez Mosteiro, al valorar las tres ofertas por la unidad productiva de Barreras —cuyas acciones, al completo, fueron adquiridas por el consorcio estadounidense The Ritz-Carlton en julio de 2020—, expone que la «situación de insolvencia» de la concursadas «genera problemas y situaciones de conflicto» que «se extienden a sus acreedores, pero también a terceros», como trabajadores de los acreedores, acreedores de estos y sucesivamente, por la «situación de insolvencia». «En consecuencia», prosigue, «la solución al conflicto (...) debe resolverse atendiendo al ‘interés del concurso’ », entendido este como «la satisfacción de los intereses de los acreedores (...), ordenándose el interés concursal de forma jerárquica, en función de la calificación de sus créditos, y la masa activa del concurso».

Minimizar los despidos

Aquí entra la «posición de los trabajadores», señala la jueza, y el afán por «minimizar la pérdida de puestos de trabajos», pero advierte de que siempre que «no entre en conflicto con el interés del concurso». Esto es, dicha «minimización» se puede adoptar « en tanto beneficie paralelamente a los acreedores », o lo que es lo mismo, «en tanto la continuación de la actividad (...) permita una mayor satisfacción» para aquellos. Al respecto, califica de «sorprendente, cuando no técnica y jurídicamente errónea», una «interpretación» de la ley concursal que lleve a entender que el juez «debe preferir al comprador que ofrezca menor cantidad, pero conserve más puestos de trabajo» que a la inversa; por cuanto, apostilla, se «alteraría» la «protección del interés superior del concurso».

El auto pone en la balanza la garantía de continuidad de la empresa, la mejor satisfacción del interés de los acreedores y la preservación de los puestos de trabajo. Recuerda, en este punto, que el informe emitido por la administración concursal valoró «positivamente» la oferta de Armón, y no ve motivos para «apartarse» de sus criterios. Al comparar ésta con la de Gondán, la magistrada tiene en cuenta que la primera, aún asumiendo casi cuatro millones en indemnizaciones a trabajadores despedidos, se iría por encima de los 10 millones, y « superaría en más del 45%» a la de Gondán , lo que redundará en el pago a acreedores. Tal y como se recoge en el auto, es el «interés del concurso» el que «provoca que la decisión se incline por la oferta» de Armón, para «velar por la satisfacción de los créditos», no solo pensando en los acreedores, sino también en «la sostenibilidad del tejido empresarial e industrial del sector auxiliar y complementario».

«La garantía de los puestos de trabajo», dictamina la jueza, «no puede erigirse en el criterio primigenio y único». No se da, añade, un escenario de ofertas «idénticas o muy similares cuantitativamente hablando», en el que pesaría la conservación de empleos; en cambio, hay una opción, la de Armón, que «satisface todos los intereses del concurso». Punto en el que también influye la « rápida reactivación de la actividad de la unidad productiva » que contempla esta vía, en seis meses. Esto redundará en reactivar la actividad en el sector naval. En paralelo, una «mayor satisfacción de los acreedores» permitirá « la pervivencia de empresas auxiliares » -unos 6.500 puestos de trabajo, indirectos-. La magistrada tampoco oculta sus «dudas» acerca de la continuidad de toda la plantilla que prometía Gondar, y considera que ni siquiera está justificada, recordando que la concursada está en ERTE, y atendiendo a la previsible carga de trabajo. Sobre una «posición de dominio» que ostentaría Armón, considera que no hay «base objetiva».

A pesar de que la resolución es firme y no cabe interponer recurso , los sindicatos ratificaron ayer que buscarán la forma de revertirla. La patronal del metal, Asime, celebró la venta. Desde Armón se emitió un comunicado, recogido por Ep, donde se marcaron como objetivo «relanzar» el «histórico» astillero vigués mediante la construcción de ferris para pasaje y carga rodada.

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