Juan Soto - El garabato del torreón

Antes de que sea tarde

A medida que la ataraxia de la maquinaria judicial confirma la impunidad ‘de facto’ que ampara a los okupantes, aumenta el grado de exigencia de estos

Nada más levantado el confinamiento covideño, un amigo de aquí al lado, muy buena persona aunque un tanto expeditivo, se encontró con que la modestísima vivienda que tiene cerca de la mar de Foz, el «mar ao norde» de don Álvaro, le había sido allanada por media docena de gandules (y gandulas, diría la ministra consorte). «Xa amañei», me dijo, como colofón del relato. Y yo: «Logo non te queixes, que desta volta a xuíz andivo rápido». Pero no fue un juez quien arregló el asunto, sino la licencia para la escopeta con que mi amigo va a las perdices, una Sarasqueta de cañón liso, muy fácil de montar, perfecta para la caza al vuelo. Apareció con ella colgada al hombro y, sin perder la calma, preguntó a los pajaritos: «Douvos a escoller: ou salides ou vos boto». Y quedó resuelto el pleito .

Desde hace tiempo, no hay en Galicia día sin okupación. Los asaltos son a sabiendas de que, en caso de denuncia, la Ley amparará a los saqueadores frente a los saqueados , desprovistos incluso del derecho a dar de baja los recibos de luz, agua, alcantarillado y recogida de basura de la casa de la que han sido despojados.

A medida que la ataraxia de la maquinaria judicial confirma la impunidad ‘de facto’ que ampara a los okupantes, aumenta el grado de exigencia de estos: antes, se conformaban con una sencilla vivienda de media traza; ahora, abundan los que no pasan por menos de un chalé de lujo en A Zapateira. El argumentario ético-jurídico de los allanadores consiste en un enredo, entre cínico y demagogo, en el que se mezclan el artículo 47 de la Constitución, el parque inmobiliario de los bancos, la corrección política, el escaqueo de la autoridad judicial y la inhibición de Policía y Guardia Civil , obligadas a mirar para otro lado.

Cálculos más bien a la baja cifran en medio millar las viviendas okupadas en Galicia. Las hay de todos los niveles: desde un bajo cochambroso al lujoso chalé en la playa, tal el caso de ese okupante que tiene el tupé de poner precio a su eventual desalojo: que el banco le suelte el dinero que necesita para comprar una vivienda «de nivel medio», dice el muy golfante. «Con 300.000 euros amañamos. Non pido máis». Se ve que es de buen conformar.

Obviamente, tomarse la justicia por la mano no está bien. Puede incluso que esté muy mal. Pero una vez desaparecido el santo Job no hay criatura dispuesta a cruzarse de brazos ante el expolio del fruto de una vida de trabajos, sacrificios y cumplimiento escrupuloso del pago de cargas.

Algún día nos enteraremos de que le han abierto la cabeza con un bate de béisbol a uno de estos delincuentes. Sí: delincuentes. Con todas las letras. Ese día, cuando se produzca —Dios no lo permita— una desgracia con visita a la UCI , los buenistas, la alcaldesa meona y los partidarios de la okupación a caño libre pondrán el grito en el cielo. Pero también habrá quien diga: «Ya era hora». Y pensará que lo que no fueron capaces de arreglar ni el sentido común, ni la demagogia política, ni el apocamiento de sus señorías, lo arreglaron unos cuantos puntos de sutura.

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