Los jóvenes gallegos podrán formar una cooperativa desde 300 euros

Más de 7.000 organizaciones de las que forman parte 320.000 personas. Ese es el impacto que tendrá la nueva Ley de Economía Social, cuyo proyecto remitió el Ejecutivo gallego ayer al Parlamento de la Comunidad. El sector que regulará la nueva normativa está formado por cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, fundaciones con actividad económica, cofradías de pescadores, empresas de inserción o centros especiales de empleo. Además, el nuevo texto incluirá en esta categoría a las mancomunidades de montes vecinales.

Uno de los objetivos principales que tendrá la nueva regulación es el de la simplificación de los trámites de creación de estas entidades. En aras de conseguirlo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer tras la reunión semanal de su equipo de Gobierno que se está trabajando en una aplicación informática para aliviar la gestión de la documentación.

La administración gallega también querrá apoyar a estos colectivos en el siguiente de los pasos de su desarrollo, la financiación. De este modo pondrá en marcha líneas de apoyo como microcréditos, así como una aportación de 5 millones de euros desde Xesgalicia para reforzar su estructuras, especialmente de aquellas que se encuentran implantadas en territorio rural.

Vía de emprendimiento

Conscientes de que alguna de las organizaciones de este tipo son útiles como vía de emprendimiento para los jóvenes gallegos, la Xunta buscará potenciar la figura de la cooperativa juvenil de cara al futuro más inmediato. En este sentido, se reducirá el capital social mínimo para que los gallegos de entre 16 y 29 años puedan formar una hasta los 300 euros, desde los 3.000 que se necesitan en los casos ordinarios. Además, permitirá que se constituyan en documento privado para que se ahorren gastos notariales y se completarán las líneas de ayuda económica de hasta 15.000 euros que se llevan convocando desde el año pasado para este tipo de organizaciones. Uno de los factores diferenciadores de las empresas englobadas en este sector —y que la administración también quiere destacar— es el carácter social que se le debe imprimir a sus respectivas actividades, y más teniendo en cuenta el peso que tienen en la sociedad gallega. Por ello, la nueva norma contemplará medidas para que se conozcan y valoren, de modo que se introduzca la economía social en los planes de estudio, o se fomentará que puedan participar en la contratación pública.

Más representación

La ley, que recogió 12 alegaciones antes de iniciar su trámite parlamentario, provocará que se elabore un catálogo con todas las que existen en la Comunidad. Además, se buscará mejorar las estructuras representativas de las mismas y aumentar su presencia institucional. Para conseguir esta meta se prevé la creación del Consello de Economía Social de Galicia, que estará formado por 26 miembros elegidos entre representantes de las empresas, la Xunta, sindicatos y Universidades. Las funciones de esta institución irán desde la elaboración de estudios, informes y propuestas; modificar el catálogo de entidades; promover la dinamización económica o fomentar el desarrollo local y rural.