POLÍTICA
La «guerra del agua» de Ferrol se dirime en los juzgados
Una juez determina que la tasa de saneamiento que Suárez suspendió en septiembre de 2015 era legal, mientras una plataforma lo ha denunciado por restablecerla en noviembre de 2017
Uno de los frentes que más desgaste ha provocado al debilitado ejecutivo municipal de Ferrol que preside Jorge Suárez es la denominada «guerra del agua» que él mismo abrió nada más llegar a la Alcaldía. Después de la crisis del agua potable de julio de 2015, en el que una presencia anómala de componentes químicos inutilizó los grifos de la ciudad departamental, Suárez y su entonces socia de gobierno, la socialista Beatriz Sestayo (hoy una de sus más férreas detractoras), realizaron una visita sorpresa a las instalaciones de la nueva EDAR para descubrir que la depuración por la que se estaba cobrando una tasa no se estaba produciendo. Para cargar contra el exalcalde José Manuel Rey Varela -hoy conselleiro de Política Social-, le acusaron de haber cobrado una tasa por un servicio inexistente , una suerte de estafa a los ferrolanos que, en septiembre de 2015, paralizaron tras un acuerdo plenario. Esta semana, un juzgado de Ferrol acaba de determinar que esa decisión de Suárez y el PSOE fue ilegal.
En el fallo se desmonta además el argumento de que se cobraba a los ciudadanos por una depuración que no se realizaba, porque un Protocolo previo rubricado en 2014 por el Concello y Emafesa , la empresa mixta que gestiona el servicio del agua, ya reconocía que existiría una primera fase «de arrnque y puesta en marcha del sistema», y otro posterior «de explotación y operación » del sistema integral. Por tanto, no hubo fraude dado que «no puede entenderse justificada la inexistencia del hecho imponible», como defendía el gobierno local en 2015. Es más, un ingeniero municipal reconoció durante el juicio que varias instalaciones del sistema sí estaban operativas .
La sentencia reconoce que un protocolo ya establecía el cobro de una tasa antes de que la depuración estuviera completamente activa
La juez estima también la reclamación de Socamex -el socio privado de Emafesa, que participa en la empresa mixta con un 49% del capital- y determina que la tasa debe aplicarse desde el año 2014 «y sucesivos», es decir, que el Concello habrá de proceder al cobro de las mensualidades que dejó en suspenso y que, como consecuencia, llevaron a Emafesa al borde de la quiebra. El agujero se calcula superior a los siete millones de euros, una presión que obligó a Suárez a reactivar el cobro de la tasa de saneamiento en los mismos términos que la aprobó Rey Varela y que él, durante la campaña de municipales de 2015, atacó con severa dureza.
No obstante, la juez desestima la reclamación de Socamex de una indemnización por daños y perjuicios al no estar estos ni estimados, ni probados ni justificados en la demanda, e insta al socio privado a solicitarla por otra vía.
Tras conocerse la sentencia, el alcalde anunció que la recurrirá al Tribunal Superior por discrepar de su contenido . A su juicio, ignorando el Protocolo mencionado por la juez, «quedó acreditado que se incurrieron en gastos que no procedían de la depuradora». «Estamos convencidos de que la razón y la justicia nos asisten , y así quedará determinado en la segunda instancia», añadió. En la bancada de enfrente, la popular Martina Aneiros consideró que la polémica de la tasa «es la gran mentira de Jorge Suárez» . «Prometió que no la cobraría, luego que la iba a derogar y no la derogó, la suspendió de forma ilegal y ahora la está cobrando», enumeró. «Tendría que pedir perdón por esta gran mentira», añadió, «hablaba de la estafa del saneamiento y ahora debería salir para decir que se ha equivocado».
Denuncia por cobrarla
Pero a Jorge Suárez, que ha encontrado en la aprobación del Presupuesto para 2018 su única alegría de la legislatura, la «guerra del agua» le tenía reservada una desagradable sorpresa . La Plataforma pola Remunicipalización, cuyas demandas él suscribió en la precampaña y campaña de 2015, lo ha llevado a los tribunales por recuperar la tasa. Y según anunciaron la semana pasada, ha sido admitida a trámite por un juzgado ferrolano, por entender que los hechos denunciados «hacen presumir la existencia de un delito de estafa».
Esta denuncia provocó en su día una de las respuestas más airadas que se recuerdan de Suárez a lo largo de su atribulado mandato, tachando a los impulsores de la Plataforma de «profesionales del ocio vestidos de activistas» y de ir de la mano del «PSOE de Sestayo». La querella tendría «fines electoralistas» y solo busca «difamar» a su persona y su equipo de gobierno. La distancia entre regidor y plataforma también es partidaria : Suárez concurrió a las elecciones por Ferrol en Común, mientras que los querellantes pivotan alrededor de la Marea Ártabra, ambas de un mismo espacio pero enfrentadas por diferencias personales, principalmente. Suárez consiguió seis concejales, sus querellantes ninguno.
Tras conocerse la admisión a trámite, el alcalde restó importancia al hecho, reduciéndolo una cuestión meramente ordinaria. «Vamos a aguardar al archivo de la causa, y cuando tengamos la notificación, emprenderemos acciones en defensa de nuestro honor» , porque insiste que ni él ni sus concejales «cometimos ningún delito».
