Los dos pisos que el Concello de La Coruña compró a un firmante del manifiesto de la Marea Atlántica para ampliar el parque de vivienda municipal destinado a alquiler social incumplían algunos de los «requisitos esenciales» de la convocatoria en la que fueron adquiridos. Así lo refleja un dictamen del Consello Consultivo que anula la operación de compraventa por la que el afín a la Marea recibió más de 140.000 euros de dinero público a cambio de los dos inmuebles. El contenido de esta resolución ya ha motivado la dimisión de la jefa del Servicio de Vivenda e Rehabilitación del ayuntamiento, mientras que el alcalde, Xulio Ferreiro, rechazó admitir la renuncia del edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que puso su cargo a disposición del regidor a raíz de este asunto.
En concreto, el dictamen del organismo fiscalizador, al que ha tenido acceso ABC, recoge que uno de los inmuebles n o contaba con la altura mínima requerida para destinarse a la finalidad de vivienda social, produciendose así un «incumplimiento de las bases» del concurso municipal. En este sentido, el Consultivo señala que formalizar esa compra supondría una «una quiebra, clara y evidente» del reglamento del proceso, «ya que cualquier propietario de un inmueble que haya renunciado a la presentación de ofertas porque su propiedad no reunía los requisitos establecidos podría considerarse perjudicado por interpretaciones extensivas que permiten acceder a la venta a quien no cumple las bases». Además, el órganismo autonómico recoge que el propietario de la vivienda aportó un informe pericial en el que no solo admitía reconocer este incumplimiento, sino que confesaba que p ara el Concello «no fue en ningún momento relevante ni esencial la altura de todo el edificio».
Sobre la otra vivienda en cuestión, el Consello Consultivo apunta que incumple otro «requisito esencial» de la convocatoria, en este caso, la existencia de al menos dos ventanas con salida a la vía pública. La Asesoría Jurídica del Concello remitió un informe al ente fiscalizador defendiendo que este hecho no debería suponer la anulación de la compra, un extremo que rechaza por completo el dictamen, que reprocha al Concello el hecho de recurrir a un informe pericial para interpretar las bases de la convocatoria «con posterioridad a la celebración del concurso».
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