El Concello de Lugo se compromete a buscar una solución para Leche Río

La pelota ha caído directamente en el tejado del Ayuntamiento de Lugo, que es el que tiene competencias para legalizar la planta envasadora de Leche Río en O Ceao II, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la orden de demolición dictada en 2014 por el Superior de Galicia. Y pocas opciones deja abiertas el propietario de la empresa, Jesús Lence, quien entiende que es una cuestión de voluntades «porque el terreno es urbanizable y la planta es legalizable». «Si el ayuntamiento quiere se puede hacer una unidad de actuación puntual, pero si no está por la labor entonces habrá que organizarse para iniciar la deslocalización». Un ultimátum que parece que ha surtido su efecto en el Concello lugués, al comprometerse de forma explícita a buscar una solución para evitar la marcha de la compañía a Madrid.

La alcaldesa, Lara Méndez, confirmaba este jueves que su intención es «compaginar la legalidad con la actividad económica». Consciente del peso que tiene para Lugo Leche Río —recoge producto a más de 900 ganaderos en toda Galicia— la regidora socialista manifestó su voluntad de hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la continuidad de Leche Río. Eso sí, reconoció que el ayuntamiento todavía no conoce los pormenores de la sentencia por lo que está a la espera de que la asesoría jurídica estudie el fallo al detalle para luego tratar de ver las opciones que manejan. Hasta que ese análisis se produzca, Méndez apeló a la prudencia, dada la «importante actividad que desarrolla la empresa», en clara referencia a las nefastas consecuencias para la provincia que se derivarían de su marcha.

Y de consecuencias también habló Lence, al asegurar que «tendrá las que quiera el Ayuntamiento que tenga» y, acto seguido, insistir en que «no hay más que sacarla y llevarla a donde sea, la maquinaría es toda movible».

El Supremo, en una sentencia fechada el pasado 24 de febrero, rechaza el argumentario de seis puntos que se incluían en el recurso de casación presentado por Leche Río contra la orden de derribo dictada por el TSXG hace dos años. En esta última, el alto tribunal gallego recogía que la planta no se ajustaba a la legalidad, al tratarse de obras que carecían de licencia municipal y autorización autonómica.

La Xunta tiende la mano

Preguntado por ABC respecto a esta situación, el presidente de la Xunta criticó la actitud del Concello socialista de Lugo por no haber resuelto esta situación en 2011, cuando se modificó el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad amurallada. «Fue una irresponsabilidad», afirmó Alberto Núñez Feijóo. Recordó que la capital lucense fue muy receptiva y «solidaria» para acoger varias protestas de tractores en los últimos meses —pese a las pérdidas económicas que supusieron para el comercio local— y sin embargo «no tiene resuelto el gran problema que sí está dentro de sus competencias».

No obstante, tendió la mano al equipo de Méndez y a Leche Río para ayudar a solventar la delicada situación, después de haber trabajado por solucionar otro problema urbanístico con la ampliación de PSA en Vigo. «El único que lo puede resolver es el Concello de Lugo. Estamos a su disposición», indicó. Antes, recordó que la planta afectada recoge leche de más de 400 ganaderos y «es una de las empresas más importantes del lácteo gallego».