El Síndic de Comptes envía al juez un informe que constata anomalías en la gestión de Navarro

El sumario del bautizado como «caso de los enchufes», en el que está imputado el exalcalde de Benidorm Agustín Navarro –por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias–, se amplía a medida que el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm (el tercer magistrado que se hace cargo del caso desde que la Fiscalía denunció a Navarro a finales de 2013) ordena nuevas diligencias. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el juez ha incorporado a la causa un informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, que constata diversas anomalías en la gestión de la contratación de personal en el Ayuntamiento en los ejercicios 2011 y 2012.

Según consta en un escrito remitido por la Sindicatura de Comptes al juzgado el pasado 19 de octubre –en respuesta al requerimiento del propio juez–, se ha enviado para incorporar en la causa el «Informe de fiscalización de los gastos de personal del Ayuntamiento de Benidorm, ejercicios 2011-2012».

Dicha documentación, en sorporte informático, incluye «el oficio mediante el que se envió al Tribunal de Cuentas el referido informe, haciendo constar en el escrito los hechos que podrían ser constitutivos de responsabilidad contable».

Como publicó ABC en su momento, este informe –publicado en enero de 2014, con Agustín Navarro recién imputado tras la denuncia de la Fiscalía– constata diversas anomalías, entre las que destaca los «145 reparos o discrepancias realizadas por la Intervención, entre las que se encuentran más de 2.000 variaciones de nómina». O que las plazas de coordinador creadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2010, diseñadas «a medida» de familiares de ediles y militantes del PSOE y UGT, así como los contratos «a dedo» de vigilantes de instalaciones deportivas, se cubrieron sin convocar el preceptivo procedimiento público, «por lo que no se han respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», a juicio de la Sindicatura.

De hecho, el organismo encargado de fiscalizar las cuentas de la Administración pública valenciana ya remitió su informe al Tribunal de Cuentas, que tiene capacidad sancionadora –al contrario que la Sindicatura– para que determinase si Navarro había incurrido en alguna responsabilidad. Casi en paralelo, el juzgado admitía la denuncia de la Fiscalía e imputaba al exalcalde por malversación.

Avisos de los técnicos

Como desveló ayer ABC, el juez también ha incorporado al sumario varios documentos aportados por la defensa de la jefa de Recursos Humanos, imputada junto a Navarro por los 43 presuntos «enchufes». Entre esos documentos figuran tres comunicaciones remitidas entre principios y mediados de 2011, en las que la funcionaria criticaba que se la mantuviese al margen de la política de contrataciones, advertía de que las incorporaciones de personal eran «irregulares», y por último avisaba al alcalde de que debían poner fin a esos contratos.

Pese a todo, Navarro mantuvo su política de personal, que permitió a numerosos dirigentes socialistas de la comarca hacerse con una nómina, y defendió ante el juez en marzo de 2014 la legalidad de la práctica.