Imagen de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en las Cortes Valencianas este mes
Imagen de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en las Cortes Valencianas este mes - ROBER SOLSONA
Contratas

Ribera Salud tendrá que pedir autorización a Sanidad para cualquier cambio en su último año de concesión

El centro recibió el lunes las normas de reversión junto con el documento en el que confirma que Carmen Montón ha decidido no prorrogar el contrato

VALENCIA Actualizado: Guardar
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La UTE Ribera Salud II deberá pedir desde este sábado autorización a la Conselleria de Sanidad sobre cualquier cambio en el funcionamiento que adopte en el departamenro de Salud de La Ribera y durante el último año de concesión que le queda. El contrato expira el 31 de marzo de 2018 y al día siguiente, el 1 de abril, este departamento pasará a ser de gestión pública.

Así, figura en las normas de reversión que el pasado lunes el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, comunicó a Ribera Salud junto a un documento en el que le confirma que la consellera ha decidido no prorrogar el contrato que se suscribió en 2003 por un periodo de vigencia de 15 años y una posibilidad de alargamiento por otros cinco.

De este modo, el departamento que dirige Carmen Montón podrá intervenir en la toma de decisiones que se puedan adoptar hasta que termine el contrato y que modifiquen la situación que se haya presentado en los informes que ha pedido a Ribera Salud o cualquier otra que afecten a la prestación del servicio más allá del 31 de marzo de 2018.

En concreto, deberá autorizar desde los nombramientos o modificación del equipo directivo, incluidos los jefes de servicio, compras o ventas de bienes muebles, inmuebles o activos inmateriales, cambios retributivos del personal, pasando por cualquier despido o nuevas contrataciones.

El grupo Ribera Salud anunció el pasado martes que recurrirá en los tribunales la decisión "política" de la Generalitat Valenciana de no prorrogar la concesión del departamento de salud de Alzira ya que considera que es una medida "puramente ideológica que no defiende el interés público de los ciudadanos".

El contrato con Ribera Salud se firmó el 31 de marzo de 2003 y tenía por objeto la gestión del servicio público sanitario del área 10 de salud, que incluye los municipios de Albalat de la Ribera, Alberic, L'Alcudia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almusafes, Alzira, Antella, Benifayó, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fotaleny, Gavarda, Guadasuar, Llaurí, Llombay, Masalavés, Polinya del Xúquern Riola, Sollana, Sueca y Tous.

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