Tribunales
Un juez cita como investigado al director del IVF por contratos de la Agencia de Certificación
La Generalitat sostiene que los contratos fraccionados fueron implantados por el anterior Consell y ya están regularizados
Un juzgado de València ha citado al actual director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca , y a su antecesora, Mariona Roger, como investigados para que aclaren las contrataciones mensuales externas de asistencias técnicas en la Agencia de Certificación Electrónica.
Según la Conselleria de Hacienda, esas contrataciones son una práctica que implantó el anterior Consell , que fue cuestionada por la Sindicatura de Comptes, y que el actual director del IVF, tras encontrarla al llegar al cargo en julio de 2015, ya ha regularizado con la adjudicación del servicio tras un procedimiento público.
Las mismas fuentes han explicado que, para la prestación del servicio de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica , el anterior Consell implantó un sistema consistente en la contratación mensual de una asistencia técnica realizada por cuatro técnicos informáticos y una administrativa.
La Sindicatura de Comptes cuestionó ese sistema en su informe de 2015 al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos, y como consecuencia de ello el Juzgado de instrucción 17 de València abrió diligencias para aclarar esta práctica, lo que ha llevado a citar el 2 de octubre a Illueca y a su predecesora en el primer semestre de 2015 (con el anterior Consell), Mariona Roger .
La Conselleria señala que la prestación de este servicio a través de asistencias técnicas mensuales se aplicó al menos desde 2013, cuando la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica era un ente independiente, y se mantuvo tras liquidarla e integrarla en el IVF , en enero de 2014, pese a los reparos de la Sindicatura.
El actual director del IVF inició el proceso para subsanar la situación, con la convocatoria de un concurso público para adjudicar la asistencia técnica a la Plataforma de Certificación Electrónica por un periodo de un año, prorrogable otro más, y por i mporte anual de 250.000 euros , que se adjudicó el pasado junio.
Desde la Conselleria se considera que la situación ha sido ya regularizada por los actuales gestores del IVF, " que han corregido una más de las numerosas prácticas heredadas del pasado ", y han garantizado la continuidad de un servicio de certificación que incluye más de 150.000 tarjetas y de 600.000 certificados digitales.
Han recordado que las auditorías de 2014 y 2015 de la Sindicatura de Comptes cuestionaron un sistema que conllevaba que cada mes se tramitaba una asistencia técnica para la prestación del servicio de la Agencia de Certificación Electrónica.
Estos expedientes mensuales cubrían la contratación de los mismos cuatro técnicos y una administrativa, quienes desarrollaban el servicio de certificación electrónica en el seno del IVF , aunque ajenos a las funciones inherentes al Instituto Valenciano de Finanzas, según las mismas fuentes.
