La Generalitat admite que el sistema judicial falló en el caso de las niñas asesinadas en Castellón

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha reconocido este lunes que el sistema judicial falló en el caso de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón la semana pasada, y ha avanzado que se han reforzado las unidades de valoración forense del riesgo especializadas a raíz de la muerte de la mujer tiroteada por su expareja cuando recogía a su hijo en un colegio de Elda (Alicante), en noviembre de 2017.

En un encuentro con los medios de comunicación para presentar los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en los casos de violencia de género, la consellera ha asegurado que es "importantísimo" incorporar más recursos en el momento inicial de una denuncia por violencia de género porque cuando una víctima acude a denunciar "no puede estar sola".

Ha defendido que la juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón, que rechazó un recurso de la madre de las dos niñas asesinadas al haberse denegado , meses antes, su petición de protección al advertir incoherencias, "hizo su trabajo lo mejor posible" a partir de lo que entendió y siguió creyendo que el riesgo era bajo, aunque el Ministerio fiscal no estaba de acuerdo inicialmente.

Bravo ha considerado que la mujer estuviera en un procedimiento judicial civil , que hubiera discusión sobre la guarda y custodia de las niñas, y que la evaluación del riesgo no indicó realmente el peligro ni la agresividad del maltratador son hechos que demuestran que el sistema judicial falló.

La mujer solo pudo disponer de asistencia letrada cuando es muy importante que en estos casos tengan apoyo psicológico y que el psicólogo pueda valorar el resultado del cuestionario Viogen, ha manifestado la consellera, quien ha afirmado que no se puede hablar de Pacto de Estado contra la Violencia de Género "y no poner psicólogos o más médicos forenses".