El contencioso a las fiestas de Alcoy reclama prohibir las subvenciones si perdura la discriminación femenina

El contencioso administrativo presentado por dos festeros críticos con la gestión y organización de actividades por parte de la Asociación San Jorge para la celebración de los Moros y Cristianos de Alcoy abarca no solo la contabilidad, para ver cómo se justifican más de un millón de euros de subvenciones municipales en la última década. También se cuestiona esta dotación de fondos públicos mientras perdura la «discriminación» femenina.

Esta «prohibición» para cualquier Administración pública de financiar a quienes no tratan en igualdad de condiciones a hombres y mujeres -según consta en el contencioso- está recogido en la Ley General de Subvenciones, de 2003, que reza así: «Los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Como argumentos de que esta situación está ya demostrada, se recuerda la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante en 2006 y las reiteradas resoluciones del Síndic de Greuges (en 2004 y 2005), que incluso llegó a considerar «hostil» la actitud de los diigentes del Ayuntamiento de Alcoy.

Más aun, la aprobación por los responsables municipales de un «plan de igualdad» en diciembre de 2015 constituye también una prueba de que existe desigualdad, tal como sostienen los demandantes. En el último convenio regulador entre la Administración local y el Casal organizador de las fiestas, los dirigentes de esta entidad se comprometen a «fomentar la integración de la mujer» en noviembre, cuando las celebraciones se desarrollan en abril. Es un detalle casi esperpéntico, al suscribirse este documento a finales de año, después de haber aportado 164.000 euros «sin presupuesto» previo de cada actividad.

De hecho, en la memoria de «cuentas abreviadas» de las cuentas del año 2015, la Asociación San Jorge declaraba como principal coste de las fiestas un epígrafe inconcreto de «otros gastos» por un importe de 353.000 euros, tal como ha publicado ABC.

Orden de no enseñar facturas

En el relato de los hechos, dentro del recurso se revela que la funcionaria municipal a quien se encomendó atender a los dos festeros denunciantes les dijo que tenía órdenes de no enseñar facturas, tan solo algunos convenios anuales del ayuntamiento con el Casal.

Este documento, además, es como una «modelo-tipo o formulario en el que únicamente variaba la fecha y, en su caso, la persona del presidente de la ASJ, y del alcalde, siendo idéntico su contenido».

Como peticiones, el contencioso plantea que se declaren nulos por contrarios a derecho los citados convenios entre 2006 y 2014, así como el decreto del alcalde Toni Francés que daba por válida y suficiente la documentación mostrada a los denunciantes. Y se pide que declaren como testigos la funcionaria del departamento de Fiestas y el concejal de Compromís Mario Ivorra.