Tribunales

El Constitucional corrige a la Generalitat Valenciana y reconoce el derecho a becas de los universitarios de la privada

La Universidad Católica de Valencia denunció la discriminación de sus alumnos al no poder optar a ayudas en las mismas condiciones que los estudiantes de campus públicos

Imagen de una de las sedes de la Universidad Católica de Valencia en el centro de Valencia ABC

D.V.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que las universidades privadas tienen derecho a la concesión de becas y ayudas al estudio como las públicas, según ha informado el alto tribunal en un adelanto de la parte dispositiva de la sentencia.

De esta forma, el TC estima un recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia contra la orden de la Generalitat Valenciana que regula la concesión de becas universitarias y establece como beneficiarios a alumnos de instituciones públicas o de titulaciones privadas sin oferta pública.

El tribunal declara que, en este caso, ha sido vulnerado el derecho fundamental a la igualdad de la UCV -artículo 14 de la Constitución-, en relación con su derecho fundamental a la creación de centros docentes -apartado 6 del artículo 27-, por lo que acuerda restablecerla en sus derechos y declara la nulidad de los incisos «públicas» recogidos en la orden que establece las bases reguladoras de la concesión de becas para la realización de los estudios universitarios en los centros así como la nulidad del apartado 3 del artículo 2 de ese mismo texto.

Según han informado fuentes jurídicas a primera hora de este jueves a Europa Press, la resolución no cuenta todavía con la firma del tribunal y está a la espera de que se redacten tres votos particulares contrarios a este reconocimiento de becas. Los magistrados que han anunciado esos votos son Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balague, según señala el comunicado.

En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el recurso de la Universidad Católica contra la orden de becas de la Conselleria de Educación al entender que «no hay en los preceptos que se consideran infractores del principio de igualdad contenido alguno de un derecho que reconocido a la universidad pública, como centro, no le sea reconocido a la universidad privada con esta misma consideración, ya que la única mención que los mismos hacen de una y de otra es con referencia a la procedencia del alumnado solicitante de las respectivas becas».

Contra esta decisión recurrió la UCV alegando vulneración de los derechos a la igualdad, la libertad ideológica y el derecho a la educación. La sentencia, cuya resolución íntegra se notificará en los próximos días, explica que la orden de la Conselleria «no se acomoda» a la Ley de la comunidad autónoma 4/2000, de 9 de febrero, «que no establece diferencias entre las universidades públicas y privada en cuanto a que todas forman parte del sistema universitario valenciano».

Así mismo, considera que tampoco se acomoda al decreto 40/2002, que estableció el sistema de becas y ayudas en la Comunitat Valenciana y que incluye a las universidades privadas en ese sistema «y no puede un reglamento excluir del goce de un derecho a aquellos a quienes la ley no excluyó».

«Un antes y un después»

Al respecto, el rector de la UCV, José Manuel Pagán, ha considerado que el fallo del Tribunal Constitucional «sentará jurisprudencia» y podrá suponer «un antes y un después». Pagán ha indicado que los votos particulares contrarios no son «infrecuentes» en «temas que son injundiosos» como este, pero ha destacado que a partir de esta sentencia puede haber un cambio «en cuanto a la interpretación del artículo 27 de la Constitución en el ámbito universitario al menos». Este reconoce el derecho a la libertad de enseñanza, y es esgrimido habitualmente en defensa de los centros educativos concertados y, actualmente, en contra de la Ley Celaá.

El rector ha considerado que esta sentencia es «sin duda motivo de alegría» pero «fundamentalmente para los alumnos». Así, ha explicado que los alumnos de la institución que preside sí optaban a las becas del Ministerio, pero no a las de la Generalitat.

De hecho, ha indicado que el pasado año, 2.100 alumnos de los aproximadamente 10.000 que tiene la UCV recibieron beca del Ministerio. Según ha precisado la vicerrectora de Alumnos, Beatriz de Ancos, este año la han solicitado unos 4.000.

En este sentido, Pagán ha defendido que las becas se concedan «solo por el criterio de renta» y ha destacado que antes del cambio de criterio de Conselleria, los estudiantes de la Católica «eran de los que más becas recibían».

«La situación económica y familiar de los alumnos no es la que se puede pensar», ha comentado y ha criticado la concepción de que quien decide estudiar en una privada es porque «tiene una solvencia económica», porque «no es el caso» de algunos de los alumnos.

Preguntado sobre si reclamarán a la Generalitat una indemnización por los años en que sus alumnos no han podido acceder a las becas, Pagán ha considerado que, a falta de sentencia, «es un poco imprudente» adentrarse en esta cuestión. Sin embargo, ha apuntado que presentaron recursos a las resoluciones cada año y los mantuvieron «vivos» pensando que el tribunal «reconociera el derecho de los alumnos».

En este sentido, ha argumentado que su criterio era siempre «velar por los intereses de los alumnos», al igual que con su recurso sobre las prácticas de Ciencias de la Salud. «Si se abre una posibilidad de que la universidad pueda ayudar a que los alumnos puedan ejercer o les reconozca el derecho que les asiste, siempre estaremos ahí».

Pagán ha manifestado que «no son fondos que van a la universidad» , sino «becas que van directamente dirigidas a financiar los estudios de los alumnos». «Quien se va a beneficiar son el alumno y su familia», ha agregado.

Por ello, ha expresado su deseo que de cara al año que viene -la convocatoria de este curso ya ha concluido-, las becas de la Generalitat se refieran al «sistema universitario valenciano» y no solo a las universidades públicas, por lo que ha emplazado a la administración a «acatar el fallo» y «adaptar la normativa».

«En la línea del desmantelamiento de la educación pública»

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha manifestado que el fallo del Tribunal Constitucional «va en la línea del desmantelamiento del sistema público de educación que propugna la derecha, y rompe el principio de mérito y capacidad ».

Según Ferri, «tanto esta sentencia, como otras muchas, favorecen la educación privada en detrimento de la pública». «Y es una lástima porque las universidades públicas valencianas están reconocidas en toda Europa y parte del mundo, además de formar parte de los rankings de centros universitarios más prestigiosos », ha agregado.

«Hay que recordar que los tribunales valencianos dieron la razón en su día sobre este asunto, considerando que si una titulación se ofrecía en la pública tenía que ser becada únicamente en la pública. Caso diferente es el de grados como Veterinaria , que solo se ofertan en la privada y en este caso sí que se becan», ha apuntado Ferri.

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