Caso Imelsa: la Guardia Civil investiga a altos cargos del PSPV, Compromís y Esquerra Unida

Nueva vuelta de tuerca al caso Imelsa. La Unidad del Crimen Organizado de la Guardia Civil ha citado a declarar el próximo martes a dirigentes del PSPV, Compromís y Esquerra Unida en el marco de la causa que investiga una «organización criminal» infiltrada en las Administraciones valencianas desde 2003 que amañaba contratos a cambio de comisiones. Conforme informó anoche ABC, una de las nuevas investigadas en el caso es la concejal de Izquierda Unida Rosa Pérez, que denunció las presuntas mordidas en la empresa pública Imelsa (dependiente de la Diputación de Valencia), ha sido citada a declarar ante la Guardia Civil en calidad de investigada.

[Quiénes son los cargos de PSPV, Compromís y Esquerra Unida investigados por la Guardia Civil]

La concejal de Izquierda Unida era consejera de la empresa pública de Imelsa (origen de la trama de corrupción) en su condición de diputada provincial durante la pasada legislatura. También han sido imputados en la causa el socialista José Manuel Orengo, hombre de la máxima confianza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Fue alcalde del PSPV en Gandía y hasta el pasado lunes jefe de gabinete del presidente de la Corporación provincial. Su próximo destino está en el Gobierno autonómico.

El tercero de los nuevos imputados es Emili Altur, el dirigente de Comopromís que ocupa actualmente la vicepresidencia tercera de la Diputación de Valencia.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha llamado a declarar como investigados a todo el Consejo de Administración de Imelsa, incluida la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Rosa Pérez (EU), que denunció el caso, por las contrataciones efectuadas.

Además de Pérez Garijo, que declarará el próximo martes, han sido citados, entre otros, el vicepresidente tercero, Emili Altur, de (Compromís), que en su día presidió la comisión de investigación creada en la corporación y que sigue en el consejo, y el exportavoz del PSPV en la corporación y hasta hace pocos días jefe de gabinete, José Manuel Orengo.

Del mismo modo, el exdiputado provincial socialista y alcalde de Gestalgar Raul Pardos recibió ayer a mediodía la llamada de la OCU para que acudiera a declarar como investigado, según ha confirmado otras fuentes.

Al respecto, Rosa Pérez ha señalado que es "indignante" su citación cuando fue ella quien denunció el caso y ha considerado que de los hechos que informó "deberían haber pasado un montón de personas a declarar". "Es una maniobra de despiste para poner en la palestra nombres que no tocan", ha señalado.

En ese sentido, ha recalcado que ella fue la de la que denunció el caso y que no estaba en el equipo de gobierno ni tenía competencias de gestión, por lo que no entiende que haya sido llamada a declarar cuando se pasó "cuatro años denunciado políticamente" estas prácticas irregulares de "esta banda" y acabó llevándolas a la Justicia. "A mí me pueden decir de todo menos bonita pero de ahí a darles credibilidad", ha señalado.

Pérez ha explicado que recibió este miércoles la llamada de la Guardia Civil en la que la citaba a declarar para el próximo martes, mientras que Altur, con el que habló anoche, acudirá el miércoles.

Las diligencias, en las que se investiga a 80 personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, seguirán secretas hasta el 14 de marzo.

Además, el magistrado instructor ha ordenado la intervención de inmuebles y vehículos, el bloqueo y embargo preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para su decomiso en caso de sentencia condenatoria firme.

La investigación por un presunto delito de blanqueo en el seno de la Agrupación Local del PP de Valencia se tramitará de manera independiente a la pieza principal del “Caso Imelsa”. El juez ha abierto una pieza separada para la investigación y posible enjuiciamiento de este delito por el que hay 49 investigados.

La investigación de Instrucción 18 se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.