Caso TaulaAlcón rechaza que las defensas oigan la conversación íntegra con su hijo clave en el caso de blanqueo

La defensa de la exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón ha pedido al juzgado que investiga el caso Imelsa que evite la audición íntegra, por parte del resto de letrados, el "pinchazo" telefónico de una conversación con su hijo en la que supuestamente hablaba del blanqueo de dinero en el PP.

Conforme informó ABC, los abogados solicitaron al juez tener acceso a la conversación entera y no únicamente a las partes recogidas por la Guardia Civil en sus informes, que consideran sesgadas. Argumentos que, sin embargo no comparten los investigadores.

El magistrado ha accedido a esta petición en un auto en el que cita a los abogados el próximo 14 de noviembre.

Según consta en varios escritos, a los que ha tenido acceso EFE, la defensa de Alcón rechaza la audición íntegra de dicha grabación, efectuada por la Guardia Civil el 15 de abril del año pasado, que el juez había acordado para el próximo 14 de noviembre.

A juicio del letrado que defiende a la exconcejala, la escucha íntegra de esa grabación, de más de 40 minutos de duración (y en la que supuestamente confesaba a su hijo el método por el cual el PP de Valencia blanqueó dinero), supondría la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar y es una diligencia innecesaria.

Entiende el letrado que el instructor ya ha valorado previamente y ha eliminado de la causa aquello que afecta a la intimidad de la exedil, por lo que la conversación ente madre e hijo que todavía es ajena a la causa "no se refiere a hechos que estén siendo investigados ni su conocimiento por parte de terceros puede suponer mayor garantía para su defensa".

La escucha íntegra de dichas grabaciones fue solicitada por varias de las defensas de los procesados en la pieza A del conocido como caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.

Dicha petición, entiende la defensa de Alcón, se basa en que "se cuestiona la validez de tales conversaciones, así como las circunstancias en las que se encontraba la exconcejala en el momento en que se realizaron".

El grupo de abogados defensores que realizaron esta petición solicitaron, además, el historial médico de Alcón y los motivos por los que estaba ingresada desde el 8 de abril, saber si estuvo sometida a un protocolo de prevención de suicidios, la medicación recetada, si tuvo libre acceso al móvil o si debía llamar en presencia de personal sanitario y qué personas la visitaron durante la hospitalización.

Estas peticiones son, a juicio de la exconcejala "absolutamente improcedentes, indignantes y lesivas del derecho de la intimidad, y exceden el supuesto interés de comprobar si se encontraba siguiendo un tratamiento médico".

"Alegan los solicitantes de estas acciones que la intervención telefónica -a la que fue sometida la exconcejala por parte de la UCO- se trata de una medida restrictiva de derechos fundamentales, pero obvian que acceder a la historia clínica de un paciente atenta gravemente contra el derecho a la intimidad", expone el letrado de Alcón.

Además, el acceso a toda esa información sobre el estado de salud de la exconcejala daría como resultado "valoraciones subjetivas y conclusiones particulares" que "carecerían de valor de pericia, por no ser efectuadas por profesionales médicos".

En consecuencia, se pide una prueba pericial médica por parte del Instituto de Medicina Legal de Valencia para "clarificar las circunstancias que pueden haber alterado su normalidad, las patologías y demás elementos que le afectan y le afectaron y que pudieron haber alterado su capacidad, solvencia y credibilidad de sus manifestaciones en los últimos años".

También se pide que se pronuncie sobre un traumatismo craneal sufrido en 2009 y las secuelas del mismo, el tratamiento médico y patologías previas a dicho accidente y su situación de estado psicológico y salud mental en los años 2005 y 2006, posteriores a la demanda de divorcio de sentencia de diciembre de 2004.