Tribunales
La Audiencia de Valencia juzgará a un alto cargo de la Generalitat por las ayudas al hermano de Ximo Puig
El juez de instrucción rectifica su auto contra el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y remite el proceso al tribunal competente ante la petición de seis años de prisión
La Audiencia de Valencia será la encargada de juzgar al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, por la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al fomento del valenciano a las productoras administradas por el hermano del presidente Ximo Puig.
Al alto cargo de Compromís -que gobierna en coalición con los socialistas y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana- se le acusa de un presunto delito de falsedad en documento público . El juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha subsanado un error en su escrito de apertura de juicio oral y ha acordado «como órgano competente y fallo de esta causa» a la Audiencia Provincial.
La única acusación en este proceso -la Fiscalía pidió el archivo- es el PP, que reclama seis años de prisión para el político. Precisamente, esta petición es lo que ha motivado la rectificación del magistrado en una nueva resolución, a la que ha tenido acceso ABC, puesto que el Juzgado de lo Penal al que se había remitido el asunto solo es competente en causas que puedan suponer penas privativas de libertad de hasta cinco años.
El caso tiene su origen en una denuncia ante los tribunales de la portavoz adjunta de los populares en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, a raíz de que la Conselleria de Educación otorgara subvenciones a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -ambas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat- en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros .
Trenzano afirmó en abril de 2018, en un escrito oficial -así lo califica el juez- dirigido a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a dichas mercantiles y no había evidencias de irregularidades. Pero realmente estas actuaciones se llevaron a cabo con posterioridad, motivo por el que acabará sentado en el banquillo.
Tal y como publicó este periódico el pasado mes de octubre , el juzgado apunta en su auto que, aunque «la falta a la verdad en la narración de los hechos es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio», «resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».
«Pero esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad, el 16/7/2018 - dos meses después de firmarse el escrito - y es lógicamente después de esta fecha cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo», señala.
Los magistrados explican asimismo que, pese a que la Fiscalía argumenta que Trenzano es filólogo y se limita a firmar la respuesta redactada por un técnico de su gabinete , «el investigado no dice que firmara en blanco, o sin leer, o sin saber lo que ponía, o engañado por el técnico; ni lo dice ni, en consecuencia, lo prueba».
Cierre de filas en la izquierda
Tanto desde la Generalitat como desde Compromís o el PSPV han cerrado filas en defensa de Trenzano, a quien consideran que se juzga por no haber sido preciso en una simple comunicación cuyo contenido fue validado por los funcionarios de la dirección general.
De hecho, la Ejecutiva Nacional del Bloc -integrado en Compromís- consideró en su momento «arbitraria» la decisión del juez y hace apenas unos días, el síndic socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, afirmaba que Trenzano «se sienta en el banquillo por una cuestión insólita» y «excesiva»: «contestar a una respuesta parlamentaria erróneamente» . Por ello cree que la denuncia del PP «acabará en el cesto de los papeles».
Casos paralelos
En paralelo, el juzgado de instrucción número 4 de Valencia sigue investigando el supuesto fraude en la obtención de subvenciones -alrededor de 1,2 millones de euros- para el fomento del valenciano por parte de las firmas administradas por Francis Puig y los Adell Bover.
La causa está pendiente de un informe de la Guardia Civil solicitado por la Fiscalía para dirimir si el grupo de empresas utilizó las mismas facturas para justificar diferentes ayudas públicas en la Comunidad Valenciana -también en Cataluña y Aragón- «beneficiándose de la ausencia de control» por parte de la Generalitat. Por ese motivo el PP denunció que Rubén Trenzano podría haber cometido sendos delitos de malversación y prevaricación.
