Tribunales
Abren juicio a Carlos Fabra y otros nueve acusados por ocultar a Hacienda el patrimonio del político
El expresidente de la Diputación de Castellón se enfrenta a doce años de prisión por cohecho y blanqueo de capitales
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y los otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político, para el que la Fiscalía pide doce años de cárcel.
En esta causa están procesados la exmujer de Fabra, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como seis mercantiles como personas jurídicas.
El magistrado ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución , alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho.
Anticorrupción solicita siete años de prisión para la que fuera esposa del líder del PP castellonense, su descendiente y el marido de está; once para el hijo procesado; cuatro años y siete meses para el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo Fernando Roig Negueroles, y nueve meses para el propietario de Facsa, Enrique Gimeno.
Un plan para evitar el embargo judicial
Tal y como consta en el auto de procesamiento, existen indicios para pensar que los miembros de la familia Fabra «urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales» para evitar así un eventual embargo judicial, puesto que el político aún adeuda casi 920.000 euros a Hacienda tras ser condenado por delitos fiscales.
Según el juez, la «situación de aparente penuria económica» que exhibía el principal investigado no resulta acorde con haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas tituladas a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros .
También se contradice con el hecho de «haber mantenido una intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración».
El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas al que fuera líder provincial del PP en Castellón por algunos empresarios encausados en estas diligencias.
Dichas transferencias de fondos se camuflaban presuntamente en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra «en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia», señala el auto.
