Dos mil personas firman un manifiesto pidiendo a la Generalitat que cumpla las sentencias a favor del bilingüismo

Alrededor de 2.000 personas han firmado un manifiesto, impulsado por abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), solicitando a la Generalitat de Cataluña que no difunda «mensajes poco rigurosos», que «confrontan a la población», y cumpla lo establecido por los tribunales en materia lingüística escolar para evitar, así, «judicializar» la aplicación del bilingüismo -español y catalán- en las aulas de la comunidad. Además, han condenado «toda discriminación y abuso contra cualquier menor», en referencia implícita al caso de Canet de Mar (Barcelona).

Este jueves, a las puertas de la sede del ICAB, unos sesenta letrados barceloneses han presentado el texto, leído por la abogada y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona (UB) Chantal Moll de Alba, con el que han mostrado su apoyo a la Sección de Derecho Constitucional del ICAB, que el pasado 20 de diciembre emitió una nota mostrando su preocupación por el anuncio de la Generalitat de negarse a cumplir la sentencia que obliga a la cambiar el modelo de inmersión lingüística.

Tras esta nota, varios abogados, también del ICAB e impulsados por Jaume Alonso-Cuevillas, uno de los letrados de Carles Puigdemont y diputado autonómico de Junts, y por ejemplo otros juristas que defendieron en el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés', protestaron ante Eugènia Gay, decana del ICAB, por lo que consideran una intromisión política. Sin embargo, las notas de la Sección de Derecho Constitucional no vinculan al ICAB.

Diez días después y como consecuencia de lo que los impulsores del manifiesto, dado a conocer hoy, consideran un ataque a los miembros de la Sección de Derecho Constitucional, unas 2.000 personas han dado su apoyo a la nota y han recordado que este departamento del ICAB trata todos los asuntos que tienen «repercusión en la práctica de la abogacía», como la aplicación del 25 por ciento si la Generalitat no lo hace, «puesto que ello implicará que muchos compañeros deberán asistir a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la sentencia y el respeto al Estado de Derecho».

La sentencia en cuestión es la 5201/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre, que declara «la obligación de la Generalitat de Cataluña de adoptar las medidas que sean necesarias a los efectos de garantizar que, en las enseñanzas comprendidas en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no puede ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

En el manifiesto también se recuerda que el artículo 103 de la Constitución señala que: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Y, por lo tanto, apuntan los abogados, la Generalitat tiene que actuar «con arreglo a Derecho» y, en esta línea, aplicar la conjunción lingüística en las escuelas.

Igualmente, la sentencia del TSJC también apunta que es la Generalitat la administración que debe «controlar que se cumpla el modelo de conjunción lingüística» y recuerda que los centros escolares deben adaptar sus proyectos lingüísticos «respaldando siempre el bilingüismo». Los letrados han recordado, finalmente, que este es el sistema lingüístico que el Tribunal Constitucional viene defendiendo y ordenando, más o menos directamente, siempre, como recogen al menos las sentencias 87 de 1983, 337 de 1994 y 31 de 2010.