Los acusados de la Mesa del Parlament ven ensañamiento y mala fe del Supremo con Forcadell
Los compañeros de la expresidenta, que están siendo juzgados en el TSJC, denuncian que el Estado está aplicando un «derecho vengativo»
Los miembros de la Mesa del Parlament en la anterior legislatura y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, juzgados por desobediencia, han denunciado este viernes el « ensañamiento « del Tribunal Supremo con la expresidenta de la cámara Carme Forcadell, a quien se le han revocado las salidas laborales.
Los compañeros de Forcadell se han solidarizado con ella minutos antes de que comenzara la última sesión del juicio que enfrentan en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobedecer al Constitucional para permitir la tramitación de las leyes del 'procés'.
«Ante este ensañamiento por parte del Supremo, que no entiende ni de leyes ni de legalidad, sino que sólo entiende de venganza , la única cosa que podemos hacer es persistir«, ha señalado Boya a los medios antes de mostrar todo su »apoyo« a la expresidenta del Parlament y a »todos los independentistas« que afrontan causas judiciales vinculadas al 'procés'.
«Lo único que han hecho es defender la autodeterminación de Cataluña«, ha aseverado la exdiputada cupera, quien ha recalcado que no se trata de una cuestión »individual«, sino de »una causa colectiva: va de derechos y libertades«, ha enfatizado.
«Derecho vengativo»
Por su parte, la exdiputada de JxSí Anna Simó ha denunciado que el Estado español está «aplicando un derecho vengativo» tanto a Forcadell -a la que se le ha revocado la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le permitía salir de la cárcel para trabajar- como al Govern y a la sociedad civil catalana, y ha instado a continuar alzando la voz.
«No sólo no podemos estar callados ante este atropello de los derechos fundamentales de las personas y de los cambios de jurisprudencia a media partida, sino que, desde mi posición humilde, pido a la ciudadanía que tampoco se calle«, ha subrayado.
Su colega Ramona Barrufet se ha expresado en una línea similar al reprochar a los tribunales españoles su «mala fe, venganza y escarnio». «Son palabras que no deberían existir y, si vienen de la Justicia, la situación se convierte en muy precaria», ha indicado para agregar que «cuando la política se judicializa, el sistema se vuelve perverso» y lleva a «represión por todos lados sin ningún tipo de explicación».
Por último, Lluis Guinó ha reclamado el fin de la «represión» y ha abogado por que «las cuestiones políticas se diluciden donde toca, que es básicamente en los parlamentos». «El objetivo de nuestra lucha y presencia aquí es que algún día cercano se normalice la situación y lo que tenía que ser un debate polític o no se judicialice«, ha insistido.
El juicio a los miembros de JxSí en la Mesa en la anterior legislatura -Lluis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó- y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para quienes la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año y ocho meses de inhabilitación, llega este viernes a su última sesión, en la que la causa debe quedar vista para sentencia después de que las partes expongan sus informes.
