Acuerdo con la Fiscalía de cuatro acusados en el caso Adigsa para evitar la cárcel

Cuatro excargos de la Generalitat de Cataluña que están siendo juzgados en el caso Adigsa han llegado a un pacto con la Fiscalía para rebajar la petición de condena, evitando así -seguramente- entrar en prisión.

Para ello, los cuatros admitirán que hincharon más de un 15% el coste de las obras de un plan de viviendas para jóvenes promovidos por Adigsa -entidad pública de la Generalitat que gestionaba el parque de viviendas, ahora integrada en la Agencia de la Vivienda de Cataluña-, por el que deberán devolver a la Generalitat más de 120.000 euros.

Con el acuerdo de conformidad suscrito este martes se imponen penas inferiores a dos años por cada uno de los delitos cometidos por el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fondevila; el falso técnico Jose María Penín; el jefe del área técnica de Adigsa Jordi Huguet, y el encargado de esta empresa pública Xavier Sala, con lo que no entrarán en la cárcel.

Los empresarios Jordi Honrubia y Ángel Egido también han suscrito el pacto, pero no el constructor José Antonio Salguero, que en su declaración como acusado ha dicho que cree que las comisiones que pagaban «iban para CiU», aunque la investigación no ha podido acreditarlo.

El «problema» de CiU del 3%

De esta manera, Salguero ha afirmado hoy ante el tribunal que las supuestas «mordidas» del 20% de esta trama corrupta iban a parar a CiU y que se lo advirtió al expresidente autonómico Artur Mas.

La sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona juzga el caso Adigsa, abierto tras una investigación de la Fiscalía en 2005 después de que el entonces presidente de la Generalitat Paqual Maragall (PSC) señala que CiU tençia «un problema», y que este era el 3% que la formación nacionalista cobraba como comisiones ilegales.

Ante el tribunal, y posteriormente también ante los periodistas, Salguero -empresario de la construcción- se ha desmarcado del acuerdo con la Fiscalía porque se considera víctima de un «chantaje», ya que, según ha denunciado, si no pagaba la supuesta mordida, que ha elevado hasta el 20% del presupuesto, no le pagaban por las obras de reparación que le encargaron.

Según Salguero, el acusado José María Penín -pariente lejano del exconsejero Felip Puig- le aseguró que el dinero de las mordidas iba «para arriba», lo que interpretó como una alusión a que se lo quedaba CiU.

Por este motivo, ha asegurado ante el tribunal que le mandó un correo electrónico al líder de CiU, y luego presidente autonómico, Artur Mas, en el que le expuso su queja por esta supuesta trama corrupta. Según Salguero, Mas le mandó a un responsable de prensa y al exdirigente de CiU Ferran Falcó -que llegó a estar imputado en esta causa aunque su proceso se archivó-, para solicitarle que se callara.