La Generalitat decide este viernes si los VTC tienen que operar con reserva en Cataluña
Los taxistas amenazan con protestas inminentes si no se obliga a la antelación
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Día clave para los taxistas catalanes. La Generalitat tiene previsto concretar este viernes en la reunión del Consell del Taxi las condiciones de trabajo de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Sobre la mesa está la posible obligación de que los propietarios de este tipo de licencias, que son las que utilizan las plataformas de Uber o Cabify, solo puedan operar en Cataluña bajo reserva previa. De no ser así, los colectivos taxistas amenazan con movilizaciones inminentes.
Govern y Área Metropolitana de Barcelona tienen que informar esta mañana sobre el nuevo Decreto Ley que regule el sector teniendo en cuenta los nuevos tipos de servicios. Las dos administraciones barajan en concreto que los VTC funcionen con la precontratación con antelación, que los taxistas querrían que fuera de un mínimo de 24 horas . Igualmente, se estudia vetar la posibilidad de que los taxis busquen servicios a la vuelta de sus servicios. Hasta ahora se ha estado estudiando la viabilidad jurídica de tales propuestas.
Asociaciones de taxistas como Élite Taxi avisaron recientemente de la posibilidad de convocar huelga para el Mobile World Congress (MWC) si el conflicto no está resuelto y si el departamento de Territorio y Sostenibilidad no contempla legalmente ambos requisitos. Las entidades, que esta semana han anunciado más demandas contra Uber o Cabify por competencia desleal , pretenden movilizarse ya hoy, justo a la hora de la reunión, y celebrar una posterior asamblea para decidir si tienen que emprender acciones tras la decisión autonómica.
«Si les dan competencias, el taxi se irá a la calle pero desde ya, no esperaremos al MWC» , apuntó a ABC Alberto «Tito» Álvarez, líder de Élite Taxi. La asociación defiende que es jurídicamente posible establecer condiciones de contratación y exigen que esté dentro del Decreto Ley, no en otro tipo de normativas para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no pueda recurrrir la misma.
Despidos e indemnizaciones
En el polo opuesto, la patronal que engloba los VTC, Unauto, reiteró ayer que la precontratación es innegociable, ya que supondría una pérdida de competitividad y rentabilidad con el resto de taxis. Así, estiman que de incluirse en el Decreto Ley podrían llevar al cierre de decenas de empresa y al despido de unos 3.000 empleados en Cataluña y que, paralelamente, la Generalitat tendrá que asumir indemnizaciones a sus empresas por valor de 1.100 millones de euros. Si se confirma las nuevas obligaciones para los VTC se prevé que éstos impugnen el Decreto Ley y que éste acabe en el Tribunal Constitucional.
«Confiamos en la administración, en los poderes de Estado, en la ley y en que esta situación sea transitoria. España es el país más importante para Cabify», reiteraron desde Cabify. Los directores de la firma en Europa ven «contradictorio» que, con el auge del servicio en Barcelona -un 112% más y casi un millón de usuarios- se pretenda restringir su acción.
Además, la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) denunció esta semana que sería «discriminatorio y restrictivo» que los VTC tengan que precontratar sus servicios y volver a la base, y que supondría introducir ineficiencias en el desarrollo de su actividad y avanzó que, de confirmarse las condiciones para este tipo de taxis, impugnarán la regulación.
En plena polémica, una treintena de taxistas protestó ayer a las puertas, y también irrumpió en la sede de Acco lanzando decenas de billetes de 500 euros falsos, para denunciar la «actuación al servicio de los lobbies» del ente.
