Sergi Doria - SPECATOR IN BARCINO
Zona de Grandes Chapuzas (ZGC)
Está muy bien que el PSC marque distancias de Colau si no fuera demasiado tarde. Los comunes pisan el acelerador para convertir sus chapuzas en hechos consumados
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Después de tres años de silencio ante el despotismo –poco ilustrado– de Colau, salvo algún murmullo desaprobatorio que no cambia nada, el PSC del todavía candidato a la alcaldía Jaume Collboni marca perfil para las municipales: «Se ha acabado el tiempo en el que algunos querían poner Barcelona contra España y querían una Barcelona cerrada de espaldas a los nuevos tiempos y al mundo», proclamó en el Círculo de Economía.
Los de «Cataluña contra España» son los secesionistas que en su facción municipal –Junts y ERC– no cuentan con candidatos fiables: Barcelona siempre se les dio una higa. En la ‘Generalitat republicana’, la esquizofrenia Jekyll & Hyde: Aragonès versus Puigdemont.
La «Barcelona cerrada a los nuevos tiempos y al mundo» debe referirse a la tropa común (comunista): el ‘no’ a todo lo que huela a iniciativa privada: «No tiro la toalla en relación a la ampliación del Prat para el 2027» fue la frase de Collboni destinada a titular. Tirar la toalla supone tirar a la basura 1.700 millones de AENA para cumplir el sueño –reiterado– del empresariado catalán.
Al desacreditar la ampliación del aeropuerto –pelotazo», gruñó Colau– los comunes reafirman la Barcelona capitalidad provinciana que postula el independentismo: su Cataluña catalana ya tiene capital: la mani-cómica Gerona de los lacitos en las farolas.
Si el aeropuerto, que ha pasado de 47 rutas antes de la pandemia a 32, no se amplía se pierde la conectividad con los trece destinos que contempla el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA): Miami, Los Ángeles, Nueva York, Toronto, San Francisco, Atlanta, Ciudad de México, Lima, Sao Paulo, Beijing, Shanghái, Hong Kong y Seúl. A esas metrópolis no se llega en tren, señora Colau. Es preciso un aeropuerto intercontinental. En el próximo lustro, y dada la emergencia energética, la tecnología posibilitará aeronaves con un ínfimo lastre de CO2.
Collboni no renuncia al Prat ampliado y su compañera de partido, la teniente de alcalde y concejala de movilidad Laia Bonet, cuestiona –un poco tarde también– las supermanzanas de los comunes.
La guerra al coche de Janet Sanz –que celebró el cierre de Nissan– no es el modelo. Habrá que «ajustar, reconsiderar, y volver a ajustar, si fuera necesario», advierte Bonet. Por si no quedara clara la objeción, el PSC votó con Junts y el resto de la oposición –excepto ERC– en contra del plan de usos –esto es, limitación de negocios– que Colau pretendía extender a todo el Ensanche.
Está muy bien que el PSC marque distancias de una alcaldesa que parece buscar como próximo socio al caduco Maragall que le quería vetar los presupuestos y al que Esquerra humilló cuando le obligó a renunciar a hacer oposición.
Está muy bien, Collboni y Bonet, si no fuera demasiado tarde. Los comunes pisan el acelerador para convertir sus chapuzas en hechos consumados. La Cámara de la Propiedad Urbana, acaba de denunciar una irregularidad administrativa de libro: licitar las obras de los ejes verdes cuando el proyecto –60 millones de euros– sigue en exposición pública y no ha sido aprobado. La Cámara, que preside Joan Ràfols, pide la «suspensión inmediata del procedimiento de licitación de las obras». Si la denuncia al Síndic de Greuges de Barcelona prosperara cabría paralizar las obras: «Además de su posible ilegalidad, comporta un menosprecio inaceptable respecto al trámite de información pública», declaraba Ràfols a ‘La Vanguardia’.
Indigna que la formación que blasonaba de consultar a los barceloneses acerca de los proyectos para la ciudad practique la cacicada –¡con solo 10 concejales!– en iniciativas que van a transformar de forma radical y poco reversible la trama urbana.
Pero las prisas son malas consejeras. La alergia comunera a la obra bien hecha explica también la chapucera tramitación de la Zona de Bajas Emisiones que ha tumbado el TSJC: Eloi Badia, el genio de las basuras y los cementerios, desplegó una ley que afectaba a otras poblaciones de la provincia y obligaba a quienes se ganaban la vida con su furgoneta a enviarla al desguace y endeudarse en otra nueva: 609.000 vehículos afectados y más de 70.000 multas. Aduce Badia –que, como otros colegas del asunto, aspira a funcionario (por si acaso)– que el TSJC se entromete en asuntos ecológicos. Nadie discute la necesidad de combatir la contaminación. Lo que hace el TSJC es condenar el menosprecio de los comunes hacia los protocolos administrativos que puedan entorpecer su colectivismo populista.
Collboni no replicó en su momento, más allá del leve murmurar de secundario sin frase en comedia grotesca. Cuando el candidato socialista denuncie en campaña, a viva voz, el despotismo poco ilustrado de los comunes escuchará la hiriente apostilla: «¿Por qué no lo hizo cuando estaba en el ayuntamiento?»
Collboni debería desmarcarse (no solo de boquilla) de Colau. Vendrán más pleitos. ¿Seguirá en la Zona de Grandes Chapuzas (ZGC) como colaborador necesario
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