Pago por uso

A diferencia de lo que ocurrió con Reagan en la década de los 80, Trump se propone la keynesiana política de incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructuras hasta duplicar el presupuesto que destinó Clinton a ese capítulo, al tiempo que reducirá los impuestos. Como gastar más con menos ingresos resulta imposible, porque no hay más cera que la que arde, la única solución es la vía concesional, que no es otra que el conocido pago por uso para evitar el cargo a los presupuestos del país. De ese modo, serán empresas como Abertis o las grandes constructoras las atraídas para invertir en la construcción y mantenimiento de las infraestructuras estadounidenses a cambio de su explotación mediante peajes durante un tiempo determinado.

Una práctica mucho más transparente y justa que el denominado peaje a la sombra, todo un simulacro de gratuidad. Por ejemplo, todos los catalanes pagamos a plazos anuales seis autovías mediante los presupuestos de la Generalitat. La última realizada por el denominado “método alemán”, fue el eje diagonal Vilanova i la Geltrú-Manresa (C-15).

En Europa, mientras Mario Draghi sigue comprando tiempo a la espera de que los políticos de los países miembros realicen los ajustes que, por el momento, se niegan a hacer, en España urge reducir el déficit por la vía de gastar menos y mejor. Pero el ajuste hasta ahora realizado, el mal llamado “austericidio”, va en el sentido contrario porque no se aborda una reforma estructural sobre cómo se gasta el dinero público. Los profesores del IESE Antonio Argandoña, Pedro Videla y Nuria Mas subrayan, por ejemplo, que hoy en España hay más empleados públicos que antes de que comenzara la crisis. Algún día habrá que tomar decisiones en serio sobre cómo gastar y organizar mejor los recursos que tenemos.

Otro debate, también en el sentido contrario a gastar mejor, es el abierto a raíz del rescate de las autopistas a colación de las radiales de Madrid. Se dice que los inversores no han perdido dinero y que serán los Presupuestos del Estado los que acaben pagando a los bancos la nacionalización de las pérdidas. Una de las empresas minoritarias en esa operación fue Abertis, que provisionó en su día 300 millones de euros para afrontar el fracasado proyecto. Por su parte, la mayoría de bancos ha vendido los créditos a fondos bruites, de modo que será con ellos con quien el Gobierno español acabará negociando el rescate. Al final, las autopistas pasarán a ser públicas a mitad de precio, pero las pagaremos todos, incluidos los millones de españoles que no pasaremos nunca por ellas.