Joan López - Bulevar
¿Volverán las empresas a Cataluña?
Las comunidades autónomas han recibido con los brazos abiertos a las empresas catalanas que se han exiliado en muchos lugares de España, no solo en Madrid
Más de 7000 empresas se fueron y aún hoy cada día tres empresas cogen el camino del destierro de Cataluña y no lo hacen por capricho, ni placer, ni mucho menos, como afirma el argumentario 'indepe', por una llamada del Rey. Las empresas se fueron porque las echaron.
Hoy nadie quiere acordarse, pero los días previos a la declaración de independencia de octubre de 2017 miles de catalanes, no empresarios, gente normal y corriente, hacían cola en las oficinas bancarias de Fraga (Huesca) o abrían las llamadas cuentas espejo en otros lugares de España. ¡Hasta 30.000 millones de euros en ahorros y depósitos buscaron refugio fuera del alcance de los políticos sediciosos! El desencadenante de todo fue el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y que el entonces consejero Junqueras afirmó que cobraría el IVA del último trimestre a las empresas y autónomos catalanes, así como el anuncio en TV3 de Eulàlia Reguant, de la CUP, que tras la inminente independencia se haría un corralito para evitar una fuga de capitales.
Tras eso se fueron de Cataluña todas las empresas cotizadas menos una. Salieron en estampida, y lo siguen haciendo, miles de PYMES. El proceso de huida de empresas de Cataluña no empieza en 2017, el 'procés' solo fue un elemento de aceleración; había empezado mucho antes por motivos fiscales.
Cataluña no ofrece ni atractivos de inversión a nivel fiscal, ni una gestión burocrática eficaz y encima la amenaza constante de referéndum de independencia, así como los episodios periódicos de violencia callejera, crean inseguridad jurídica.
La salida masiva de empresas no fue ideológica. En otoño de 2017 las empresas no sabían si Cataluña quedaría fuera de la zona Euro ni donde tendrían que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social del último trimestre de ese año. Una ley aprobada por el Parlament en septiembre suspendía nada más y nada menos la vigencia del Estatut y la Constitución en Cataluña y dejó de facto a 7,5 millones de catalanes en el limbo jurídico, sin derechos ni garantías democráticas y en manos de unos fanáticos gobernantes.
Nada de todo eso ha cambiado. Los mismos que se cargaron el marco de libertades y jurídico en 2017 siguen en el gobierno y ahora, además, son aliados privilegiados del Gobierno de España. El marco fiscal y burocrático de Cataluña sigue siendo un hándicap para el emprendimiento en Cataluña y la concesión de los indultos y la creación de la mesa de negociación reactiva el 'procés' consolidando la sensación de inseguridad jurídica así que las empresas no tienen motivo alguno para regresar.
Las comunidades autónomas han recibido con los brazos abiertos a las empresas catalanas que se han exiliado en muchos lugares de España, no solo en Madrid. Muchas de ellas han elegido ubicaciones donde tenían plantas de producción, delegaciones o centros operativos. Desde 2017 muy pocas han tomado el camino de vuelta y no lo harán.
Algunas comunidades como Madrid y Andalucía, con un tipo de IRPF en la banda baja dentro del marco regulador que les confiere la ley, una fiscalidad sobre sucesiones, donaciones y hechos documentales asumible y una política de suelo industrial razonable, han aprovechado su oportunidad. Otras, como la Comunidad Valenciana y Baleares, han recibido empresas y entidades financieras por la mera proximidad geográfica, pero al ser muy parecidas en el ámbito fiscal y normativo a Cataluña han perdido la ocasión de engrosar su parque empresarial y generar empleo e inversión.
Al igual que si tras el secuestro de Ortega Lara o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Gobierno de España hubiera indultado a etarras o hubiera encumbrado a Batasuna / Bildu como interlocutor político ninguna de las miles de empresas y personas huidas del País Vasco hubiera regresado, en Cataluña dar bola a creadores de fondos públicos para pagar de forma delincuencial gravísimos delitos cometidos en el pasado reciente o abrir la puerta a especular sobre cómo permitir la vuelta con impunidad de Puigdemont y plantear la convocatoria de un referéndum no vinculante no atraerá a empresa alguna a tomar el camino de vuelta. Al contrario: tal como ha pasado el primer semestre de 2021, acelerará el proceso de deslocalización y exilio empresarial.
