La Generalitat impulsa una prestación económica de 400 euros durante un año para los refugiados

La Generalitat de Cataluña prevé dotar de una prestación económica que podría rondar los 400 euros para cubrir necesidades básicas a personas refugiadas durante el máximo de un año, una vez hayan finalizado el plan estatal de acogida, han anunciado este martes la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós.

Lo han explicado en el marco de la presentación del Programa Catalán de Refugio, un plan de un millón de euros dirigido a que los refugiados alcancen la plena ciudadanía ante las «carencias» del plan estatal de integración, ha dicho Amorós, que no ha querido concretar la cuantía de la ayuda, a la espera de un pacto con los municipios.

El objetivo del programa, hecho con la ciudadanía, sociedad civil y mundo local --siguiendo modelos de éxito en Islandia, Canadá y Quebec--, pasa por facilitar la acogida a personas que hayan culminado el programa estatal de refugio en Cataluña sin haber alcanzado una autonomía suficiente, a nivel laboral, lingüístico y de relaciones.

Las ayudas, que no excederán la renta mínima de inserción (RMI) y no tendrán en cuenta prestaciones para la vivienda, se tendrán en cuenta de forma individual, por lo que en caso de grupos familiares el montante será superior y proporcional.

El plan empezará de forma piloto en mayo con un centenar de refugiados y 500 mentores, que son voluntarios del territorio que harán tareas de ayuda y seguimiento de los planes individuales de actividad (PIA) que deberán seguir los refugiados para integrarse a través del aprendizaje de la lengua, búsqueda de trabajo y establecimiento de vínculos.

Para acceder al plan catalán, las personas deberán tener la condición de refugiadas o solicitantes de asilo, deberán estar empadronadas en Cataluña durante el periodo de un año, tener ingresos por debajo de la RMI, no tener otros ingresos o ayudas y aceptar el PIA.

Amorós y Bassa han hecho un llamamiento a la ciudadanía para convertirse en mentor y ayudar a la acogida de estas personas, en colaboración con entidades, para poder implementar el plan a partir de mayo, mes en el que se calcula que finalizarán las ayudas estatales para el primer grupo importante de refugiados llegados al territorio catalán.

Los mentores -se calcula que cada refugiado tendrá entre tres y cinco-- se comprometerán a acompañar a los refugiados en las actividades del PIA, a establecer vínculos, dedicar a ellos entre dos y cuatro horas semanales, pasar una entrevista personal previa y hacer una formación.

La prestación económica se dará a cambio del seguimiento de una serie de actividades para alcanzar la plena autonomía: «Si no se hacen, se retirará la ayuda, de forma que el control no será por procedimiento, sino por el resultado».

Amorós ha asegurado la «cobertura legal clara» del nuevo modelo a la luz del Estatut y de la Ley de asilo estatal y las leyes catalanas de Servicios Sociales y de Acogida.

Para la consellera, la acogida de refugiados es un deber legal, pero también humanitario que debe favorecer la autonomía personal, social y laboral para conseguir la plena ciudadanía de personas que se han visto abocadas a romper de forma radical y violenta sus vínculos.

Ha deplorado que «el Estado español está incumpliendo reiteradamente las promesas», puesto que dijo que acogería a 17.000 personas y, finalmente, no ha sido así, ha lamentado la consellera.

Fruto del plan estatal, Cataluña empezó 2016 con la acogida de 28 personas y lo terminó con la recepción de 471, una cifra poco elevada pero que supone una multiplicación por 17, ha sostenido Bassa, que ha reafirmado una oferta a corto plazo de 1.250 plazas --510 en equipamientos residenciales y 740 en pisos-- y 4.500 en total.

Bassa ha pedido al Estado que abra la frontera a 271 casos de personas especialmente vulnerables que han sido detectadas por entidades catalanas en campos de refugiados, y ha pedido que se abra a la llegada de jóvenes universitarios.