Condenan a dos años de cárcel a un exalcalde de CDC por una trama de «amiguismo político» que derivó en el 3%
Daniel Masagué fue investigado por fraude en la adjudicación de los chiringuitos de la ciudad entre 2011 y 2014
Un juez ha condenado a penas de hasta dos años de cárcel al exalcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué, al exconcejal Pere Font y a un excargo local de CDC, en una de las tramas de corrupción del municipio que dieron pie a la causa del 3% sobre presunto pago de comisiones a la extinta formación.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona condena a Masagué y a Font, de CDC, así como a Gerard Montserrat, expresidente del partido en la población, por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, a raíz de la adjudicación a dedo de unos chiringuitos de playa por «amiguismo» y «puro clientelismo político».
Se trata de la primera sentencia sobre las tramas de presunta corrupción política con epicentro en el Ayuntamiento de Torredembarra que destaparon el caso 3 % de supuesta financiación irregular de CDC , una causa que ahora instruye la Audiencia Nacional y en la que se investiga a cargos y tesoreros de la extinta formación y a varios empresarios por el pago de comisiones ilícitas al partido a cambio de la adjudicación de obras y servicios.
Concretamente, la sentencia, que no es firme, condena al exalcalde de CDC a dos años de prisión y 17 de inhabilitación , a Gerard Montserrat a dos años de cárcel y a nueve y medio de inhabilitación, y a Font a un año y seis meses de prisión y 15 de inhabilitación, y les obliga a indemnizar al Ayuntamiento de Torredembarra con 30.212 euros.
Adjudicación a dedo tras años incumpliendo las condiciones
Según da por probado la sentencia, los tres condenados se concertaron en 2011 para adjudicar a dedo tres chiringuitos de verano de las playas de Torredembarra a la empresa del dirigente local del CDC , que había perdido la concesión porque, en anteriores temporadas, no los retiró en el plazo establecido ni pagó canon de ocupación.
De esa forma, Montserrat resultó beneficiado con el arrendamiento y posterior compra de tres chiringuitos de playa del municipio de venta de comida y bebidas, «con desprecio total a las normas administrativas y legales de contratación pública, evitando así la concurrencia, licitación o intervención de terceros», añade el juez.
Para dar apariencia de legalidad al expediente, mantiene la sentencia, en 2011 se incoó un expediente de adjudicación, por procedimiento negociado y sin publicidad , y se ofreció concursar en el mismo a tres empresas distintas, todas ellas vinculadas al propio Montserrat.
Así, el exdirigente local de CDC se hizo en 2012 con la adjudicación de los chiringuitos, sin «ningún tipo de negociación sobre los aspectos técnicos o económicos del contrato«, con lo que el ayuntamiento »se vio privado de considerar otras ofertas más beneficiosas« y de conseguir un precio »más ventajoso« por el arrendamiento.
Operación interrumpida por el 3%
La sentencia añade que en 2013, cuando Montserrat ya se había convertido en presidente de CDC en Torredembarra, éste y Masagué continuaron su «concierto» e incoaron un expediente para vender los chiringuitos a las empresas controladas por el dirigente convergente, aunque esa operación se vio interrumpida «abruptamente» por la entrada y registro en el consistorio en el caso del 3%.
En opinión del juez, no hay «otra explicación razonable» a la conducta de los acusados que el «amiguismo político» , dada la pertenencia de todos ellos a CDC.
El juez se remite a las conversaciones telefónicas intervenidas en la causa -escuchas que dieron munición a la investigación del 3 %- y sostiene que, por su contexto, queda «claramente avalada esa intencionalidad de beneficiar al compañero de partido por puro clientelismo político y, en definitiva, por espurios intereses particulares contrapuestos al general«.
Recuerda la sentencia que Montserrat dirigía desde 2013 la junta gestora de CDC en Torredembarra y que era conocida «esa militancia política y su cercanía al alcalde», lo que llevó a una concejal del PSC a pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre la adjudicación de los chiringuitos.
