Puente desea «lo mejor» a De la Riva y el PP le reprocha que siga como testigo

El exalcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva se sienta hoy de nuevo en el banquillo, esta vez acusado de prevaricación administrativa por las tres cartas de conformidad -«comfort letter»- que firmó como aval del Consistorio a 100 millones de los 400 del crédito que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad suscribió para la operación del soterramiento. Pese a que el caso surgió a raíz de la denuncia del actual equipo de Gobierno en 2015, el que a día de hoy es regidor de la ciudad, Óscar Puente, le deseó ayer a su antecesor en el cargo «lo mejor» en el proceso.

A estas palabras el PP, partido al que pertenece De la Riva, contestó duramente. En su opinión, lo que ha demostrado Puente por el anterior alcalde es una «total animadversión», ya que podría haberse «retirado como testigo» del juicio y no lo ha hecho. Así lo aseguró el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo , quien deseó también la «máxima suerte» tanto a De la Riva como a los exediles Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, que también se sentarán en el banquillo por el mismo asunto, informa Ep.

Óscar Puente está citado mañana como testigo en el juicio, ya que el equipo de Gobierno que encabeza se «vio forzado a iniciar» el procedimiento como consecuencia de lo que descubrió al llegar al Ayuntamiento hace tres años. «Se encontraron herramientas económicas utilizadas como avales a un crédito que ni siquiera estaba físicamente en el Gobierno», aseguró.

Con arreglo a lo que la propia asesoría jurídica determinó, el nuevo Gobierno municipal decretó la nulidad de pleno derecho de las «comfort letter» y después procedió a interponer la querella criminal por entender la asesoría que se encontraban ante un presunto delito.

El alcalde socialista aseguró que no se siente «a gusto» con ir a testificar como testigo en el juicio, pues tiene «cosas mucho más agradables que hacer que ir a declarar y ver al lado al exalcalde de Valladolid», quien, recordó, además de haber sido su adversario político fue también su compañero de corporación durante ocho años.

La Fiscalía pide para Francisco Javier León De la Riva nueve años de prisión y 27 de inhabilitación , mientras que el Consistorio solicita tres años de cárcel. Para los exediles, el ministerio público solicita siete años de inhabilitación.