El PSCL contradice a la ministra Ribera y pide al Gobierno que defienda la caza

Las Cortes de Castilla y León reconocen «el valor estratégico» de la actividad cinegética

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca. conversa con su compañera Ana Muñoz, durante el Pleno F. HERAS

I. JIMENO

Con sus palabras, evitó el rechazo frontal; ni siquiera citó su nombre y la alusión apenas existió, pero con su votación, el PSOE se mostró ayer contrario a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, partidaria de prohibir la caza. Y es que, con varios representantes del sector en la tribuna de invitados y pese a hacer un discurso en el que centró los argumentos en las críticas a la Junta de Castilla y León, a la hora de pronunciarse en la votación, el Grupo Socialista pulsó el «sí», como el resto de la Cámara -salvo el procurador de IU-Equo, en contra-, y dio así su respaldo a una iniciativa del PP de apoyo a la actividad cinegética, pero también de reprobación a unas declaraciones de la ministra que no sólo han causado malestar y respuesta del sector, sino que incluso se han encontrado el rechazo frontal en las filas del propio PSOE.

Y, ayer, sin ser tan contundentes como otros, en el Grupo Socialista de Castilla y León, entre críticas sobre todo a la actuación de la Junta en esta materia, también lo hicieron. Pues su «sí» a la Proposición No de Ley (PNL) de los Populares también incluye que la Junta reclame al Gobierno central que publique «de forma urgente» la Estrategia de Gestión Cinegética como marco de coordinación del aprovechamiento cinegético. Y lo haga convocando a las comunidades y sectores, con el fin de «impulsar y defender» la práctica de la caza por «su contribución al interés general».

Un punto que supone un rechazo a lo que defendido por la ministra, aunque el procurador socialista José Luis Aceves censuró que los populares elevasen al pleno la iniciativa por «mera oportunidad política». «Huele a rancio y a ultra», recriminó el portavoz parlamentario en materia de Medio Ambiente, quien incidió en señalar que las competencias en materia de caza son de las comunidades y en la PNL no haya una sola alusión a este aspecto, pese a las «nefastas» decisiones de la Junta en esta materia. Precisamente en esta dirección iba la enmienda de sustitución planteada por el Grupo Socialista, que no salió adelante, y con la que trataba de centrar el debate en las competencias autonómicas.

Delibes en el debate

Aunque trató el procurador socialista de pasar por encima de esas polémicas palabras de Teresa Ribera, a las que más recientemente se han unido las de su colega de Gobierno, el ministro de Fomento, y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tachando de «casposos» a cazadores y aficionados a los toros, el popular Juan José Sanz Vitorio se la tenía guardada y no perdió la ocasión de restregárselas. Si en su primera intervención fue más suave y prácticamente se limitó a defender la importancia de la caza, se reservó la munición de la carga política para cerrar el debate. «Son unos progres de bolsillo» y unos «sectarios», recriminó el procurador del PP, quien acusó al parlamentario socialista de «cobarde e incapaz» por no «reprochar» a ambos ministros sus declaraciones. Y, sobre todo, Teresa Ribera, a quien pidió que «haga una transición al sentido común» y recomendó incluso que no lea a Miguel Delibes, el escritor y cazador, pues, ironizó, igual «prohibe» los libros del autor vallisoletano.

Sólo el procurador de IU-Equo, José Sarrión votó en contra de la iniciativa, que, pese a contar con el respaldo del resto de la oposición, se llevó los reproches por su «oportunismo político». Aún así, añadió incluso la propuesta de Ciudadanos en defensa también de la pesca. «La caza se defiende, pero se defiende bien», argumentó Félix Díez (Podemos), quien también puso de relieve la «importancia» en términos de generación de ingresos en las arcas de los entes locales, empleo y generación de ingresos que supone la actividad cinegética. Una práctica que, como se recuerda en el texto aprobado, tiene un «valor estratégico», genera cerca de 600 millones de euros en la Comunidad al año y tiene unos 8.000 empleos asociados.

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