Del Olmo pide al Gobierno que no recurra el impuesto a Garoña tras su aprobación
Sale adelante con el apoyo del PP, la abstención de Podemos, IU y UPL y el rechazo de PSOE y Cs
Espero que Castilla y León reciba el mismo trato que Cataluña », que «no ha sido objetivo» de recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central en lo que se refiere a propio tributo que grava también los residuos nucleares. Así lo expresó y deseó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo , al defender la ley aprobada ayer por las Cortes -con el voto a favor del PP, la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL y el rechazo de PSOE y Ciudadanos - con la que se pone en marcha el conocido como impuesto a Garoña , en la línea de los que ya tienen tanto Cataluña como Castilla-La Mancha , recordó.
Un tipo con «finalidad extrafiscal», según señaló Del Olmo, que grava el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares. Su objetivo no sólo es «compensar» el posible daño que pueda generar la custodia del material radioactivo ya gastado, que «penaliza» la instalación de otro tipo de proyecto en la zona burgalesa del Valle de Tobalina donde está el reactor, sino también «incentivar» que esos residuos sean «trasladados» fuera de la Comunidad.
Un total de 6.000 euros -inicialmente estaban previstos 4.000, pero se ha elevado la cuantía tras admitirse y elevarse incluso una enmienda de Podemos al texto que reclamaba 5.000- por cada elemento de combustible gastado depositado deberá pagar la propietaria de Garoña, Nuclenor -empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa-, de acuerdo al nuevo impuesto aprobado ayer, que nace con muchas dudas por parte de toda la oposición sobre que realmente llega a hacerse efectivo. Con 2.505 varillas de combustible gastado con óxido de uranio en la nuclear , la compañía que en verano de 2017 decidió cerrar definitivamente la planta, la recaudación por parte de las arcas autonómicas se elevaría a unos 15 millones de euros anuales , cinco más que los calculados inicialmente.
Pese a esas dudas sobre el tipo que han planteado durante toda su tramitación, la consejera incidió en que está «plenamente ajustado» a las competencias de la comunidad y grava «hechos distintos», pues el de la Comunidad recae sobre el riesgo medioambiental y el estatal, sobre el almacenamiento. Y apuntó que «rebatir con argumentos» el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda que, pese a «no» ser concluyente, alerta de una «posible inconstitucionalidad». «Esperemos que Castilla y León reciba el mismo trato que Cataluña», que no se ha encontrado con recurso, reclamó Del Olmo.
«No quieren para nuestra comunidad aquello que ya tienen otras», pues en Cataluña y Castilla-La Mancha hay leyes «con el mismo objeto» y «no» han sido recurridas, afeó también el popular Alejandro Vázquez , después de que la socialista Virginia Jiménez alertase que este nuevo impuesto «será declarado inconstitucional». «Van a fastidiar a aquellas comunidades donde no van a gobernar por más que se empeñen», espetó el procurador del PP.
Un tipo que tachó de «escarnio», «bodrio» y «cortina de humo» , con una configuración «artificiosa y falaz» porque, argumentó, «saben que no van a recaudar ni un euro» y achacó a una «pataleta» y «capricho» de la Junta «por haberse quedado con el culo al aire» después de que Nuclenor anunciase el cierre de Garoña -llevaba desconectada de la red desde diciembre de 2012- «por motivos económicos». Además, la parlamentaria del PSOE argumentó otro de los motivos para su «no» a la ley es que consideran que esto llevará a «conventir» Garoña en un almacenamiento «permanente» de residuos nucleares llegados también de otras centrales, como demuestra el hecho de que la propietaria de la atómica no haya presentado alegaciones al texto del nuevo impuesto.
«Adolece de muchos mecanismos legales», reconoció Félix Diez (Podemos), quien asumió que «posiblemente no vaya» a recaudarse, «pero es mejor pecar de ingenuos que de adivinos». «No es nuestro impuesto» y «no somos cómplices de nada», replicó al PSOE, que había acusado a la formación morada de propiciar con su abstención la aprobación de la ley. «El tiempo pondrá a cada uno en su sitio» , concluyó Virginia Jiménez.
Pero Podemos no fue el único partido que se abstuvo. También lo hizo el procurador de UPL -únicamente con su pronunciamiento habría sido suficiente- y su compañero del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo). «Menos da una piedra. Ni fu ni fa. Ni es una maravilla ni una atrocidad», aseveró.
En contra del texto, también Ciudadanos, ya que «no va a llegar a ser operativo» por la «doble» imposición que genera y «no desincentiva» el almacenamiento. «Además, es extemporáneo. Debería haberse realizado cuando la nuclear producía», reclamó Manuel Mitadiel , quien, como el resto de grupos exigió inversiones en la zona independientemente de la recaudación.
