La Junta recauda más de 332 millones en seis años por el impuesto medioambiental
El tributo, creado en 2012, grava la afección al territorio de la producción hidraúlica, la eólica y el transporte de energía eléctrica de alta tensión
En 2012, cuando la crisis económica asfixiaba a la economía española, la Junta de Castilla y León, haciendo uso de sus competencias, diseñó un nuevo tributo con el que, para empezar, se conseguía engordar las famélicas arcas regionales. Nació así el impuesto sobre la afección medioambiental , con el que, según su enunciado, se busca someter a gravamen determinadas actividades que ocasionan u n daño al medio ambiente y que se refieren concretamente al aprovechamiento del agua embalsada (presas de producción hidroeléctrica), parques eólicos e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
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Tras seis años de aplicación de este tributo, la Administración autonómica ha ingresado la nada desdeñable cifra de 332 millones de euros , como consecuencia de la presentación de una media de 240 declaraciones anuales. Doscientas de ellas corresponden a los parques eólicos con que cuenta la Comunidad -en 2012 comenzaron siendo 189, hasta llegar a las 200 de 2017-, 32 por los embalses con producción hidroeléctrica y ocho por el transporte de energía eléctrica. La cifra anual ha ido en aumento cada año, de forma que en 2013, cuando se tributó por el año completo, la cantidad recaudada fue de 54,28 millones de euros; en 2014 subió a 56,21; 58,43 en 2015; en 2016 alcanzaron los 60,20 millones y 61,29 en 2017.
Grandes embalses
La mayor cantidad corresponde a la procedente de la producción hidroeléctrica, que en los seis años ha ascendido a 190,59 millones de euros, a razón de unos 32 millones por año. Iberdrola, la propietaria de prácticamente todos los embalses hidroeléctricos de la Comunidad -los 20 más grandes situados, sobre todo, en Salamanca y Zamora, pero también en Burgos y Palencia- es la que más paga. No hay que olvidar que en tierras salmantinas se encuentra la presa con una de las mayores producciones de este tipo de energía de España, como es Aldeadávila .
Por lo que se refiere a los parques eólicos, las empresas promotoras pagaron por el impuesto ambiental un total de 116,92 millones de euros. En este caso son distintas las sociedades impulsoras de los parques, entre las que también se encuentran l as principales compañías eléctricas. En cuanto al transporte de energía eléctrica en alta tensión, se han recaudado 25,36 millones por unas doce declaraciones anuales, casi todas presentadas por Red Eléctrica Española.
Un aspecto a tener en cuenta es que se trata de un impuesto finalista , de forma que el destino de los 332 millones de euros está bien definido en la Ley que le dio forma en febrero de 2012 por lo que estas cantidad se tienen que dedicar a financiar aquellos gastos de carácter medioambiental y de eficiencia energética que se determinen en las correspondientes leyes anuales de presupuestos autonómicos.
Hechos imponibles
También el hecho imponible del impuesto está perfectamente definido. Así, la ley recoge dos supuestos: la alteración o modificación de los valores naturales de los ríos como consecuencia del uso o aprovechamiento para la producción de energía eléctrica del agua embalsada mediante presas situadas en Castilla y León; y la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parque eólicos y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión (torres eléctricas). En cuanto a la base imposible se aplica en función de la capacidad del embalse y al altura de la presa, de las unidades de aerogeneradores de los parques eólicos y de los kilómetros de tendido eléctrico en redes de capacidad igual o superior a los 220 kw.
Lo cierto es que el impuesto no fue precisamente bien recibido por las empresas a las que iba directamente dirigido. Los promotores de parques eólicos, a través de Apecyl (Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León), llevaron a los tribunales el gravamen tanto de forma individual como colectiva, si bien perdieron los recursos en primera instancia e, incluso, en el Tribunal Supremo, donde aún permanecen vivas algunas demandas.
En cambio, desde Iberdrola, fieles a su política de comunicación, se ha eludido cualquier tipo de crítica al respecto, una posición que la compañía eléctrica ha mantenido con la creación de un nuevo hecho impositivo que también la afecta directamente: el que grava el daño medioambiental por el almacenamiento temporal de residuos en plantas peligrosas.
Y es que el Consejo de Gobierno respondió hace diez días con un nuevo impuesto al cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) acordada por Nuclenor, empresa participada al 50 por ciento por Iberdrola y Endesa. El nuevo tributo se incorpora como otra afección al impuesto ya existente, en este caso para gravar el riesgo que supone el combustible (uranio enriquecido) gastado y depositado con carácter temporal en las centrales nucleares situadas en Castilla y León, realmente solo una, Garoña.
Por ese concepto, y teniendo como base imponible los elementos que forman ese combustible gastado, la Consejería de Economía y Hacienda espera recaudar diez millones de euros , al menos así está recogido ya en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de este año. Antes, el nuevo impuesto, deberá ser aprobado por las Cortes de Castilla y León que, en un primer escarceo como iniciativa parlamentaria, contó con la oposición de Ciudadanos y la abstención del resto de grupos de la oposición. Habrá que esperar, por lo tanto, para comprobar cómo en 2019 los 332 millones de euros ingresados por el tributo medioambiental se incrementan en 10 millones.
