La Junta aprueba el impuesto por cerrar Garoña para «reducir el riesgo de sus residuos»

El Proyecto de Ley no ha tenido alegaciones, ni siquiera de Nuclenor, durante su exposición pública

Pilar del Olmo, entre Suárez-Quiñones y Milagros Marcos, antes de comenzar la rueda de prensa de este pasado jueves ICAL

MONTSE SERRADOR

Tal y como la propia Junta anunció hace meses tras la decisión de Nuclenor de cerrar definitivamente la central de Garoña, su desmantelamiento llevará aparejado una impuesto por el daño medioambiental que supone el almacenamiento temporal de residuos de plantas nucleares. De esta forma, el Consejo de Gobierno aprobó este pasado jueves el Proyecto de Ley por el que se regula el nuevo gravamen impositivo por el que la Administración autonómica confía en recaudar este año diez millones de euros , tal y como ya aparece recogido en el apartado de ingresos de los Presupuestos de la Comunidad. Dicha cantidad se invertirá íntegramente en la zona de influencia de la central, en la provincia de Burgos, para compensar las pérdidas económicas y de empleo que el cese de la actividad producirá.

El nuevo texto, que modifica la normativa reguladora del impuesto sobre afecciones medioambiental de centrales hidroeléctricas, parques eólicos y líneas de alta tensión, incorpora una cuarta modalidad dirigido a gravar el daño al entorno derivado del almacenamiento temporal de los residuos radioactivos depositados en las plantas atómicas.

«El menor tiempo posible»

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo , explicó al término del Consejo de Gobierno que cuando una central finaliza su actividad las torres de combustible (uranio enriquecido) se depositan en una piscina de la térmica , por lo que el objetivo del tributo es muy claro: «Que este depósito lo sea el menor tiempo posible». Recordó, además que «es inevitable que esos residuos haya que gestionarlos y eso supone un riesgo potencial para la aguas y no se sabe si una afección para la salud». De ahí que el fin del gravamen no sea otro que «minimizar el riesgo de las barras que están depositadas en nuestro territorio», dando que no existe un cementerio de residuos radioactivos al que poder trasladarlos. De esta forma el proyecto de ley consta de un único artículo en el se regula el hecho y la base imponible del nuevo gravamen. El primero queda definido como el riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible radioactivo gastado y depositado con carácter temporal en la central, mientras que la base imposible la constituyen los elementos que forman ese combustible gastado y depositado en las instalaciones, a razón de 4.000 euros por cada uno de ellos. Además, se establece el régimen de responsabilidad subsidiaria de la empresa.

Pilar del Olmo aseguró que el Proyecto de Ley ha pasado ya por las oportunas audiencias públicas para que desde las partes afectadas hasta los propios ciudadanos puedan presentar alegaciones o sugerencias. Sin embargo, Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña -participada en un 50% por Iberdola y Endesa,- no ha alegado nada al respecto. Ahora deberán ser las Cortes de Castilla y León la que aprueben este impuesto por el desmantelamiento de Garoña. En principio, su debate no se produciría en el Parlamento autonómico hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. La consejera de Economía y Hacienda confía en que pueda estar aprobado antes de que finalice el año, entre otras cosas porque las arcas públicas cuentan con esos diez millones de euros. De momento, la resolución del PP aprobada en las Cortes regionales en septiembre del pasado año que dio origen al proyecto de ley salió adelante con los votos a favor de los populares y la abstención de PSOE, Podemos, IU y UPL, mientras que Ciudadanos votó en contra. En la misma iniciativa se instaba al Gobierno de la nación a elaborar un plan de reindustrialización para la comarca burgalesa afectada por el cierre de la central.

El anuncio del tributo por parte de la Junta tuvo respuesta entonces en los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes advirtieron de que aplicar un impuesto a las empresas titulares de Garoña por el desmantelamiento de la instalación puede ser declarado inconstitucional, ya que «es incoherente» un tributo a un negocio que se supone en pérdidas, dado que no existe ganancia que se pueda gravar.

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